La propuesta de ordenanza para reorganizar el transporte en la provincia de Huánuco quedó entrampada tras la ruptura del diálogo entre un sector de empresas y la municipalidad provincial, en medio de discrepancias sobre la representatividad de los actores y la definición de zonas rígidas y saturadas. Evaristo Bueno Tafur, dirigente transportista, pidió públicamente al alcalde que “reflexione” y retome las conversaciones, al señalar que el sector no busca “agravar los problemas”, sino discutir una norma que, según indicó, impactará en el servicio urbano de Huánuco, Amarilis y Pillco Marca.
Bueno Tafur sostuvo en una entrevista que su sector ya presentó un documento para solicitar la reanudación del diálogo, pero hasta ahora no ha recibido respuesta de la comuna. Según manifestó, el momento es “crucial” porque **la ciudad sigue sin una solución de fondo para el transporte** y porque la discusión sobre la ordenanza se encuentra detenida pese a varios meses de trabajo previo. El dirigente evitó adelantar una fecha para una nueva reunión y dijo que esperan una convocatoria formal de la autoridad local.
De acuerdo con su versión, la mesa técnica comenzó a trabajar desde septiembre con participación del Colegio de Abogados y otras instituciones, con el fin de elaborar un proyecto de ordenanza para mejorar el servicio en toda la provincia. Bueno Tafur precisó que el texto alcanzó un avance del 95% y que solo quedaron pendientes dos puntos: la definición de las zonas rígidas y la delimitación de la zona declarada saturada. Según afirmó, esos aspectos todavía no cuentan con un expediente técnico que sustente su aprobación.
Los puntos técnicos siguen sin cerrarse
El dirigente transportista señaló que una de las principales observaciones de su sector es que la regulación no debe concentrarse únicamente en Huánuco, sino incorporar también la realidad de Amarilis y Pillco Marca, debido a la continuidad urbana entre los tres distritos. Según explicó, la intención de la propuesta era que ese espacio metropolitano fuese administrado por la municipalidad provincial para ordenar el servicio. En esa línea, cuestionó que se pretendan definir restricciones sin un sustento técnico previo y pidió que los funcionarios municipales basen cualquier decisión en documentación verificable.
La tensión política se agudizó después de que, según recordó el entrevistado, el alcalde anunciara que no volvería a reunirse con él porque lo considera representante de la informalidad. Bueno Tafur rechazó esa calificación y sostuvo que representa a empresas “constituidas” y formalizadas “dentro del marco de la ley”. Aunque admitió que esa fue la posición expresada por el burgomaestre, afirmó que esa negativa no resuelve el problema del transporte y que tanto la autoridad como los dirigentes deberían aportar propuestas para encauzar el debate.
El conflicto no se limita a la relación entre el alcalde y un dirigente. Bueno Tafur reconoció que en el sector existen posiciones distintas y que no todos los transportistas comparten su postura frente al municipio. Según indicó, en la provincia existen 164 empresas y él representa a cerca de 50 que, según afirmó, están organizadas y tienen su documentación en regla. También mencionó que otro grupo viene respaldando las reuniones impulsadas por la municipalidad, aunque puso en duda su legitimidad y pidió que cualquier representación sea demostrada con documentos.
Un predictamen en medio de la fractura
La controversia se produce mientras, según la pregunta formulada por la periodista durante la entrevista, la gerencia municipal prevé presentar la próxima semana un predictamen de la ordenanza sobre transporte. Bueno Tafur afirmó que su sector no participa actualmente de ese proceso y explicó que decidió retirarse hasta que el alcalde convoque nuevamente a una mesa de diálogo. Según señaló, la preocupación de las empresas que representa es que el dictamen no termine sesgado por intereses de grupos y que cualquier aprobación tenga como eje el beneficio de los usuarios y de la ciudadanía en general.
El dirigente vinculó la actual ruptura con la protesta realizada el 24 de febrero, a la que, según manifestó, asistió la “gran mayoría” de transportistas que se sentían hostilizados por inspectores municipales. Recordó además que, tras ese plantón, el alcalde se comprometió —según su versión— a cesar la hostilidad y a resolver los problemas de cada empresa de manera individual. A la fecha, aseguró, ninguna compañía ha solucionado su situación, lo que, a su juicio, abre una interrogante mayor sobre si en el municipio prevalecerá la voluntad política para reabrir el diálogo o si la ordenanza avanzará en un escenario de fractura con una parte del sector.
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