La legitimidad del proceso electoral de 2026 ha ingresado en una fase de incertidumbre institucional tras las graves denuncias de fraude y falta de transparencia formuladas por candidatos nacionales y regionales. Mientras la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reporta un avance del 85.08% de los votos, el candidato Fernando Olivera y el excandidato huanuqueño Rodolfo Espinoza han cuestionado la trazabilidad del conteo y la integridad de las mesas de sufragio. El eje del conflicto se centra en el destino de más de 8 millones de electores que, según datos oficiales previos, pertenecían a mesas que no se instalaron a tiempo.
Fernando Olivera, líder del Frente Esperanza, presentó un recurso urgente ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) exigiendo un informe detallado sobre el 30% de las mesas de sufragio que, según la propia presidencia del ente electoral, no habían sido instaladas al cierre de la jornada permitida. Olivera advirtió que este vacío informativo afecta a 8,242,386 ciudadanos y cuestionó cómo es posible que el sistema registre resultados de mesas que fueron declaradas como no instaladas. Por su parte, en Huánuco, Rodolfo Espinoza reportó 193 actas observadas y denunció un procesamiento irregular que priorizó zonas rurales sobre las urbanas sin justificación técnica.
La actualización de la ONPE al 14 de abril sitúa a Keiko Fujimori en el primer lugar con el 16.84% de los votos válidos, seguida por Rafael López Aliaga (12.18%) y Roberto Sánchez (11.48%), quien ha acortado distancias significativamente. Sin embargo, esta fotografía oficial es rechazada por los denunciantes, quienes señalan que la falta de auditoría al sistema informático y las restricciones para que los personeros visualicen las actas vician el escrutinio. La brecha entre el segundo y el tercer lugar es de apenas 101,458 votos, un margen que vuelve crítica cualquier variación en las actas bajo cuestionamiento.
El enigma de las mesas y la trazabilidad del voto
La denuncia de Olivera apunta directamente a una contradicción entre los reportes del JNE y la ONPE durante el día de la votación. Según el candidato, mientras el JNE informaba un 30% de mesas sin instalar, la ONPE redujo esa cifra al 18.67% apenas una hora después, dejando en el aire el paradero de más de 5 millones de votos. Esta discrepancia ha motivado un pedido de informe que debe precisar la ubicación, hora de instalación y resultados de cada mesa en disputa para descartar el llenado artificial de actas en el sistema informático.
En el ámbito regional, la situación en Huánuco refuerza la sospecha de un manejo discrecional del cómputo. Rodolfo Espinoza sostuvo que las actas de distritos alejados, que suelen demorar días en llegar, aparecieron procesadas en la madrugada del día siguiente a la elección, mientras que las actas urbanas de la capital departamental quedaron rezagadas. Esta anomalía en la secuencia de llegada, sumada a la supuesta exclusión de periodistas y ciudadanos en la revisión del procesamiento, ha llevado el caso ante la Fiscalía de Prevención del Delito y la Defensoría del Pueblo.
La crisis de confianza se profundiza al observar el volumen de votos no orientados a ninguna candidatura. Las cifras oficiales consignan 1’957,381 votos en blanco y 853,210 votos nulos, lo que suma más de 2.8 millones de sufragios que representan el 16.15% de la votación emitida. Este porcentaje, casi idéntico al que obtiene la candidata que lidera el conteo, revela un electorado fragmentado y un rechazo sistémico hacia la oferta electoral disponible, en un contexto donde el árbitro electoral es acusado de "silencio absoluto" ante los reclamos de los personeros.
Institucionalidad bajo sospecha y plazos críticos
El impacto ciudadano de estas denuncias trasciende la disputa por el segundo lugar. Si se confirma que el sistema informático procesó votos de mesas inexistentes o no instaladas, el proceso podría derivar en una nulidad parcial o en una crisis de gobernabilidad para quien resulte electo. La demanda por una auditoría externa al software de conteo de la ONPE, liderado por Piero Corvetto, se ha convertido en la exigencia central de las fuerzas políticas que se sienten desplazadas por lo que califican como una "organización criminal del fraude".
Por ahora, ni el JNE ni la ONPE han emitido un pronunciamiento oficial que aclare las dudas sobre el orden de procesamiento o el destino de las mesas rezagadas. Lo que defina la autoridad electoral en las próximas 48 horas será determinante para establecer si los reclamos de Olivera y Espinoza se consolidan como pruebas de un fraude sistémico o si el proceso logra cerrar su etapa de conteo con el mínimo de consenso necesario. La mirada pública se traslada ahora a los informes de fiscalización y a la respuesta que las instituciones de control den ante las denuncias presentadas por omisión de funciones.
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