MEF retrotrae seis plazas de DIRESA tras denuncia por firma que Barrera desconoce

La Dirección Regional de Salud de Huánuco informó que el Ministerio de Economía y Finanzas retrotrajo el trámite de seis plazas del régimen laboral 276 después de que el exdirector Gustavo Barrera Sulca denunciara que la firma colocada en un documento enviado a Lima no le pertenecía. El actual titular de la entidad, Luis Alberto Macha Aiquipa, confirmó que las plazas volvieron a su condición anterior y que el equipo de Recursos Humanos fue cambiado durante julio. Las declaraciones de ambos funcionarios permiten reconstruir la secuencia central: el documento fue detectado cuando Macha asumió temporalmente la dirección durante las vacaciones de Barrera; el exdirector desconoció la rúbrica y presentó una denuncia; posteriormente, la DIRESA gestionó ante el MEF la reversión de lo actuado. Todavía no existe una determinación firme sobre quién elaboró, validó o remitió el documento, por lo que ninguna responsabilidad individual puede darse por establecida. Barrera niega la firma y la autorización Barrera sostuvo que permaneció en Huánuco para formalizar la denuncia apenas conoció el trámite. “No es mi firma, es evidente que no es mi firma”, declaró. Su cuestionamiento no se limitó a la apariencia de la rúbrica: “Yo no he autorizado esa gestión ante el Ministerio de Economía y Finanzas”, remarcó al explicar por qué consideró necesario acudir a las autoridades. Según su relato, una trabajadora de secretaría de 69 años habría recibido una rúbrica presentada como si contara con su aprobación y luego incorporado la firma electrónica antes de enviar el documento a Lima. Barrera planteó que la servidora pudo haber sido sorprendida y evitó responsabilizarla directamente. La reconstrucción de ese momento será decisiva para establecer quién preparó el documento, quién tuvo acceso al trámite y bajo qué indicaciones fue remitido. El exdirector situó el registro electrónico aproximadamente entre el 2 y el 3 de junio, a las 5:45 de la tarde. También señaló a Recursos Humanos como el espacio donde debía concentrarse la investigación, pero se negó a individualizar culpables: “Predominantemente, pero de los que resulten responsables. Yo no puedo decir quién”. La fecha, la hora y los accesos mencionados forman parte de su versión y tendrán que contrastarse en la investigación. El trámite buscaba modificar el nivel de las plazas El conflicto no se reduce a la firma. Barrera explicó que las plazas habían quedado vacantes por el retiro o la jubilación de profesionales con niveles altos y que, en esas condiciones, pocas personas podían postular. Según su testimonio, el documento pretendía “bajarlo al nivel 1, al básico”, lo que habría ampliado el universo de trabajadores habilitados para competir por esos puestos. Macha aclaró dos datos que definen el alcance del caso. “Son plazas 276, no son CAS”, precisó, y confirmó que se trataba de seis puestos. También explicó que todo concurso requiere la solicitud previa del área usuaria y que, a partir de esa necesidad, se realizan la evaluación y los trámites administrativos dentro de la institución. Los dos funcionarios coincidieron en que la modificación podía favorecer a trabajadores con posibilidades de postular bajo los nuevos requisitos. Sin embargo, ninguno identificó a beneficiarios concretos. Por esa razón, el caso no permite afirmar que las plazas estuvieran destinadas a personas determinadas ni que exista un favorecimiento probado; esa hipótesis deberá sostenerse con el expediente, las comunicaciones internas y las declaraciones de quienes intervinieron. Las plazas fueron restituidas y Recursos Humanos cambió Macha relató que, al advertir el documento, se lo mostró a Barrera y este le respondió que la firma no era suya. Luego la entidad acudió a Lima. “Nosotros fuimos al MEF, en el cual inmediatamente el MEF también tomó acciones al respecto, volviendo las plazas, retrotrayendo todo lo actuado”, afirmó el actual director. La reversión evitó que las seis plazas quedaran bajo la modificación cuestionada. De acuerdo con Macha, recuperaron su situación previa y los trabajadores vinculados a ellas dejaron de afrontar el perjuicio que podía producir el cambio. La medida corrigió el procedimiento, pero no resolvió quién impulsó el documento ni si hubo responsabilidad administrativa o penal. La reacción institucional alcanzó a la oficina señalada en las declaraciones. “Desde todo el mes de julio ya viene el nuevo equipo de Recursos Humanos, porque nosotros no podemos permitir esos actos de irregularidad”, sostuvo Macha. Añadió que algunos funcionarios de confianza dejaron de laborar y que servidores nombrados regresaron a sus plazas de origen mientras continúan los procedimientos internos. El caso deja, por ahora, dos consecuencias concretas: seis plazas restituidas y un equipo de Recursos Humanos reemplazado. La cuestión de fondo continúa abierta. Corresponderá a las investigaciones establecer la ruta del documento, determinar quién utilizó la firma que Barrera desconoce, definir si el intento de modificar los niveles buscó beneficiar a postulantes específicos y establecer qué controles fallaron para que el expediente avanzara hasta Lima.