Medina cierra mandato con 255 leyes en coautoría y deja pendiente órgano de Indecopi para Huánuco

Elizabeth Medina cerró su mandato afirmando que participó como coautora en más de 255 leyes, aunque durante su balance no presentó una relación de esas normas ni precisó cuál fue su aporte específico en cada una. La congresista reivindicó beneficios laborales y educativos aprobados durante los últimos años, pero admitió que dejará sin impulsar una demanda concreta de Huánuco: la creación de un órgano resolutivo de Indecopi que evite trasladar expedientes hasta Huancayo. Su exposición combinó proyectos de autoría propia, normas suscritas en coautoría y decisiones aprobadas por insistencia del Pleno como si tuvieran el mismo nivel de responsabilidad individual. Medina tampoco diferenció cuántas de las 255 leyes fueron propuestas por su despacho, cuántas acompañó con su firma y cuáles recibieron únicamente su voto. La cifra constituye, por tanto, un balance declarado por la propia congresista y no una medición documentada de su producción legislativa. Logros atribuidos sin relación detallada Medina presentó al sector educativo como la principal evidencia de su gestión. Se atribuyó la promoción de la Compensación por Tiempo de Servicios al 100 % para maestros nombrados y contratados, beneficio que, según sostuvo, alcanzaría a más de 600 000 docentes. Recordó que el Poder Ejecutivo observó esa propuesta durante el gobierno de Pedro Castillo y que el Congreso finalmente la aprobó por insistencia. Aunque Medina defendió su intervención, el resultado dependió de una decisión colectiva del Parlamento y no exclusivamente de su despacho. También mencionó el incremento de la remuneración de los trabajadores de los Programas No Escolarizados de Educación Inicial. Según su versión, estos percibían alrededor de S/500 y ahora reciben un ingreso equivalente a la remuneración mínima. A su lista añadió el nombramiento de docentes de institutos superiores pedagógicos y tecnológicos, proceso que no se realizaba desde hacía más de 30 años, y el nombramiento de profesores de educación física en primaria. La congresista se atribuyó, además, iniciativas relacionadas con una asignación de S/200 para menores que quedaron huérfanos durante la pandemia o por hechos de violencia familiar y con la titulación de tierras de agricultores de la Amazonía. Medina mencionó la Ley 32224 al abordar la nivelación del CAFAE para trabajadores de gobiernos regionales pertenecientes a los regímenes 276, 728 y 1057. Sin embargo, su explicación no permitió distinguir qué disposiciones ya son ley y cuáles permanecen como propuestas o articulados pendientes. Indecopi queda para el próximo Congreso El pendiente más concreto para Huánuco corresponde a Indecopi. La oficina regional recibe denuncias, pero carece de un órgano con capacidad para resolver determinados procedimientos, lo que obliga a trasladar los expedientes hasta Huancayo. Medina afirmó que la creación de esa instancia es posible, pero reconoció que ya no dispone de tiempo para promoverla durante los últimos días de su mandato. En lugar de asumir un nuevo compromiso, trasladó la tarea a los congresistas que ingresarán en el siguiente periodo. Como antecedentes, mencionó una propuesta para convertir a la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Ambo en unidad ejecutora y otra iniciativa que, según sostuvo, exoneró el 18 % del impuesto aplicado al servicio eléctrico. Tampoco detalló el estado legislativo y los efectos efectivos de estas medidas. Beneficios aprobados sin explicar su financiamiento El punto más débil de su balance apareció al abordar el costo de las normas laborales. Ante una pregunta sobre una bonificación de S/300 para trabajadores CAS que no tendría financiamiento, Medina responsabilizó al Ministerio de Economía y Finanzas por observar reiteradamente las leyes con impacto presupuestal. La congresista sostuvo que sí existen recursos y que falta voluntad política. Para sustentar su posición mencionó las exoneraciones tributarias a empresas agroexportadoras y la compra de un avión, pero no presentó cifras que permitan establecer cuánto cuestan los beneficios aprobados ni qué fuente permanente los financiaría. También propuso ampliar la formalización de transportistas, colectiveros, agricultores y pequeños mineros para incrementar los ingresos públicos. Afirmó que más del 70 % de quienes desarrollan algunas de estas actividades permanecen fuera de la formalidad, aunque no identificó el origen de ese porcentaje ni calculó cuánto podría recaudar el Estado. El argumento dejó sin resolver la cuestión principal: el Congreso aprobó derechos y bonificaciones, pero el balance de Medina no explicó cómo se ejecutarán cuando el presupuesto público no incorpora los recursos necesarios. Critica beneficios del Congreso, pero no impulsó una reducción Medina también tomó distancia de los beneficios económicos concedidos a trabajadores del Congreso. Consultada por pagos de aproximadamente S/11 000, respondió que esas decisiones corresponden a la Mesa Directiva y no se someten a votación del Pleno. Según su explicación, el presidente y los tres vicepresidentes pueden aprobar esos acuerdos sin consultar al conjunto de parlamentarios. Con esa respuesta trasladó la responsabilidad a quienes integraron la Mesa Directiva. La congresista reconoció que los legisladores “ganan bien” y planteó verbalmente que podrían reducir sus remuneraciones hasta aproximarlas a los S/3600 que, según dijo, recibía como profesora antes de llegar al Parlamento. Sin embargo, admitió que una iniciativa de esa naturaleza perdería al ser sometida a votación porque la mayoría no la respaldaría. Su balance no incluyó la presentación de una propuesta formal para reducir los ingresos congresales. Rechaza leyes respaldadas por la mayoría En la parte final de su balance, Medina cuestionó algunas decisiones del mismo Congreso al que perteneció. Rechazó la norma de amnistía promovida por Fernando Rospigliosi para militares y policías procesados por hechos relacionados con violaciones de derechos humanos. Sostuvo que la propuesta contraviene el derecho internacional y cuestionó que fuera aprobada por insistencia después de ser observada por el Poder Ejecutivo. Explicó el resultado a partir del control de la mayoría parlamentaria, sin precisar qué acciones emprendió su despacho para impedir su aprobación. También se opuso a incorporar a los tragamonedas dentro de la actividad turística. Consideró que esa clasificación buscaría reducir impuestos y beneficiar intereses particulares. El balance de Medina deja así una distancia entre la magnitud de los resultados que reivindica y el detalle ofrecido para acreditarlos. Asegura haber participado en más de 255 leyes, pero no individualizó su contribución; defendió beneficios laborales, pero no explicó su financiamiento; criticó los ingresos del Congreso, pero no promovió una reducción viable; y termina su mandato reconociendo que Huánuco seguirá sin un órgano resolutivo de Indecopi.