El precandidato al Gobierno Regional de Huánuco, John Apolinario, denunció la existencia de un presunto sabotaje político en su contra, señalando que se estarían utilizando mecanismos internos de su organización para impedir su participación en las próximas elecciones regionales y municipales de octubre. Según indicó, las acciones en su contra responderían a una estrategia orientada a excluirlo de la contienda mediante procesos que considera irregulares.
Apolinario afirmó que enfrenta una “persecución política” basada en acusaciones que, según sostiene, no tienen sustento legal ni antecedentes judiciales. Indicó que su nombre ha sido vinculado a supuestas investigaciones por acoso y violencia, pese a que —según su versión— no registra procesos en curso ni sentencias en su contra. En ese sentido, cuestionó que el partido haya emitido sanciones internas basadas en documentos que, afirma, no han sido verificados por instancias competentes.
El precandidato también señaló que el único proceso en el que figura es como agraviado en un caso de hurto, lo que, a su juicio, contradice las acusaciones que se le atribuyen. Frente a esta situación, informó que su equipo legal ya ha iniciado acciones para revertir las medidas adoptadas en su contra.
El aspirante regional criticó el accionar del tribunal de ética y disciplina de su partido, al considerar que se estaría utilizando este mecanismo para apartarlo de la carrera política sin un debido proceso. Sostuvo que no se habría realizado una verificación adecuada de las denuncias ni se habría solicitado información a las autoridades competentes antes de emitir una sanción.
En ese contexto, advirtió que este tipo de decisiones podría sentar un precedente en el que cualquier militante podría ser retirado de la contienda mediante denuncias no corroboradas. Según explicó, existen antecedentes en otras regiones donde el Jurado Nacional de Elecciones ha revertido sanciones partidarias por irregularidades en los procedimientos internos.
Asimismo, cuestionó la legitimidad de las decisiones adoptadas, señalando que los órganos partidarios no tienen facultades para determinar responsabilidades que, en su opinión, corresponden exclusivamente al sistema de justicia.
Apolinario también deslizó la posibilidad de que las acciones en su contra tendrían origen fuera de la región, indicando que existirían coordinaciones externas que estarían influyendo en las decisiones del partido a nivel local. Aunque no presentó pruebas específicas, sostuvo que estas decisiones responderían a intereses políticos que buscan excluirlo del proceso electoral.
En defensa de su trayectoria, el precandidato destacó su perfil académico y su participación en la vida pública, señalando que ha mantenido una conducta alejada de escándalos o investigaciones. Afirmó que quienes lo conocen en el ámbito regional pueden dar cuenta de su desempeño profesional y político.
Finalmente, reiteró que continuará con su intención de postular, a la espera de que las instancias correspondientes revisen el caso y determinen la validez de las sanciones impuestas. La situación, según indicó, pone en debate el uso de mecanismos internos en los partidos políticos y su impacto en la participación democrática de los candidatos.
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