La Defensoría del Pueblo en Huánuco informó que viene atendiendo la situación reportada por comunidades campesinas del distrito de San Miguel de Cauri (provincia de Lauricocha), tras denuncias presentadas por comuneros y por la Municipalidad Provincial de Lauricocha debido a una presunta contaminación ambiental que —según los denunciantes— estaría vinculada a operaciones de la compañía minera Raura.
De acuerdo con lo declarado por Marco Durand Rocca, representante de la Defensoría en Huánuco, la institución ha recibido reportes sobre impactos que afectarían a la población y a las actividades productivas locales. El funcionario sostuvo que, desde su experiencia en el seguimiento del caso, se ha observado un escenario que resumió con la expresión: “mina al lado, pobreza alrededor”, al referirse a carencias persistentes en servicios básicos y desarrollo en zonas cercanas a la actividad minera.
Durand añadió que, conforme a la información recogida por la Defensoría, existirían preocupaciones por afectaciones a niños, limitaciones en apoyo técnico al campesinado, y déficits como internet para escuelas y la falta de un centro de salud en el área de influencia, aspectos que —según dijo— incrementan la vulnerabilidad de las comunidades ante cualquier crisis ambiental o social.
En sus declaraciones, Durand afirmó que el impacto denunciado alcanzaría cuerpos de agua, mencionando específicamente las lagunas de Tinquicocha y Caballococha. Según el funcionario, una de las principales preocupaciones reportadas es la posible contaminación del agua con metales pesados, situación que —de confirmarse— estaría afectando tanto el consumo humano como la agricultura por la reducción o riesgo del recurso hídrico.
Antamina como “modelo”
En su análisis, Durand comparó el caso con Antamina, a la que mencionó como un ejemplo de minería que —según él— cumpliría estándares ambientales y de responsabilidad social, con inversión en infraestructura, control de contaminación y mejores condiciones laborales. A partir de esa comparación, sostuvo que ese es el tipo de actividad extractiva que permitiría un desarrollo armónico, donde la empresa obtiene ganancias y la población recibe apoyo efectivo.
Al referirse a diferencias entre territorios, Durand afirmó que en zonas vinculadas a Lima habría existido mayor continuidad de dirigencias y capacidad de gestión, mientras que en sectores de Huánuco (Cauri y Lauricocha) observaría cambios frecuentes de líderes y una gestión pública menos consistente. También señaló que, en su percepción, no existiría claridad sobre el destino de recursos y aportes, e indicó que ciertas “donaciones” podrían frenar reclamos por temor a perder apoyo logístico.
Finalmente, el funcionario remarcó que —desde su punto de vista— la solución requiere un doble eje: fiscalización efectiva y compromisos verificables para salud, educación, agricultura y desarrollo comunitario. La Defensoría, según precisó, continuará involucrada en el seguimiento del caso en el marco de sus competencias.
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