El archivo de una denuncia contra el gobernador regional Antonio Pulgar por destinar más de S/ 16 millones al complejo deportivo de Amarilis, pese a que el convenio habría vencido en diciembre de 2018, fue cuestionado por la Asociación de Fiscalización y Proyección para la Prosperidad de Amarilis. Juan Espinoza, representante de la organización, informó que apelarán la decisión emitida por la Cuarta Fiscalía Corporativa en delitos de corrupción.
Espinoza precisó que la denuncia fue presentada en octubre de 2025 contra Pulgar y que durante la investigación se identificó una resolución emitida en diciembre de 2023, mediante la cual se asignó un presupuesto superior a S/ 16 millones para la implementación del complejo deportivo. Según indicó, dicho proyecto no contaba con un convenio vigente al momento de la asignación.
El dirigente sostuvo que el convenio original feneció en diciembre de 2018 y que, pese a ello, la gestión regional continuó ejecutando recursos en 2023. A su juicio, el fiscal Virgilio Iván Carrión Cabrera desestimó la denuncia bajo el argumento de que el vencimiento formal del plazo contractual no convierte la continuidad del proyecto en un hecho penalmente relevante.
Argumentos en controversia
De acuerdo con Espinoza, el fiscal Carrión concluyó que no se evidenció interés indebido en provecho propio o de terceros que configure el delito de negociación incompatible. El representante señaló que esa interpretación, en su opinión, “aperturaría” la posibilidad de que cualquier entidad pública invierta recursos sin un convenio vigente.
El dirigente agregó que existen otras dos denuncias vinculadas al mismo complejo deportivo. Según manifestó, en un periodo de seis meses se habrían registrado alquileres por S/ 30 mil y S/ 25 mil, sumando más de S/ 150 mil, cuyos destinos —afirmó— no habrían sido informados por el Gobierno Regional.
Espinoza también indicó que consultaron al Ministerio de Economía y Finanzas y a especialistas del Ministerio de Vivienda sobre la legalidad de ejecutar inversiones sin convenio vigente. Según su versión, ambas instancias habrían señalado que no es posible continuar un proyecto sin contrato en vigor.
¿Qué acciones seguirán?
Tras la declaración de improcedencia, Espinoza informó que han coordinado con la procuradora para presentar una apelación y que también acudirán al órgano de control interno del Ministerio Público para evaluar la actuación fiscal. La controversia, según anticipó, continuará en instancias superiores, mientras el uso y financiamiento del complejo deportivo seguirá bajo escrutinio público.
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