El gobernador regional Antonio Pulgar habría evitado responder cerca del 90% de las preguntas formuladas por la Comisión de Fiscalización del Congreso sobre la compra de maquinaria por S/ 72 millones bajo régimen de emergencia, según afirmó la congresista Elizabeth Medina. El interrogatorio, realizado en sesión reservada, apuntó a presuntas omisiones de alertas legales, entrega de bienes a zonas no declaradas en emergencia y un perjuicio económico aproximado de S/ 2 millones vinculado a la adquisición de volquetes.
Medina indicó que la sesión se desarrolló desde las 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde y que, además del gobernador, participaron el director regional de Transportes y Comunicaciones, el director del Hospital de Tingo María y funcionarios vinculados a obras del Gobierno Regional de Huánuco. La parlamentaria sostuvo que Pulgar se comprometió a responder por escrito las preguntas no absueltas en un plazo de 48 horas.
El pliego remitido por la congresista concentra sus primeros cuestionamientos en la Resolución Ejecutiva N° 685-2023-GRH/GR, mediante la cual la gestión regional habría validado la compra y distribución de maquinaria en el marco del Decreto Supremo N° 072-2023-PCM. Según el documento, el Informe Legal N° 1155 de la Jefatura de Asesoría Jurídica habría advertido que los vehículos solo podían destinarse a zonas declaradas en emergencia, pero la resolución incluyó distritos fuera de ese ámbito e incluso una jurisdicción ajena a Huánuco, como Arequipa.
La emergencia bajo sospecha
La línea principal de la Comisión de Fiscalización busca establecer si el Gobierno Regional usó la emergencia de 2023 para acelerar una compra que ya estaba prevista como política de gestión. El cuestionario pregunta si la adquisición de maquinaria figuraba en el plan de gobierno de Pulgar y, de ser así, por qué no se ejecutó mediante procedimientos regulares desde el inicio de su mandato.
El documento también interroga al gobernador sobre la continuidad de compras en 2024 y 2025 mediante mecanismos ordinarios. Para la comisión, ese dato puede resultar clave: si en los años posteriores fue posible adquirir maquinaria por la vía regular, el Congreso busca determinar por qué en 2023 se recurrió a un régimen excepcional pese a que la declaratoria de emergencia no comprendía a toda la región.
Medina rechazó que las preguntas hayan sido imprecisas o absurdas, como habría señalado Pulgar públicamente. La congresista sostuvo que los cuestionamientos se formularon sobre resoluciones, informes legales, hitos de control y documentos oficiales. “Nosotros tenemos las preguntas basadas en hechos reales”, indicó al explicar que la comisión ya cuenta con material documental para el informe.
Volquetes, kilometraje y perjuicio económico
Uno de los puntos más sensibles corresponde a los volquetes adquiridos por la gestión regional. Según el pliego parlamentario, la Contraloría habría determinado un perjuicio económico aproximado de S/ 2 millones por sobrevaloración, originado en el estudio de mercado incluido en el expediente técnico. La comisión pregunta quién validó esos precios y si el gobernador verificó la razonabilidad de los costos antes de autorizar la compra.
El interrogatorio también recoge alertas del Hito de Control N° 001-2024 y del Informe N° 014-2024, que habrían advertido la recepción de unidades con kilometraje previo. En el documento se menciona que algunos volquetes registraban hasta 4,029 kilómetros de recorrido, condición que la comisión considera relevante para preguntar por qué no se resolvió el contrato ni se suspendieron los pagos al proveedor.
La comisión apunta, además, al pago de servicios de mantenimiento que —según el pliego— ya estaban cubiertos por la garantía de fábrica. En esa línea, el cuestionario pregunta si se generó un doble pago a favor del consorcio proveedor y qué medidas adoptó el Gobierno Regional para recuperar el presunto perjuicio económico ocasionado al Estado.
Walker Soberón y Tingo María amplían el cerco
La sesión no se limitó al caso maquinarias. Medina señaló que también se interrogó a Pulgar por la avenida Walker Soberón, obra que, según el documento congresal, habría pasado de S/ 11 millones a más de S/ 51 millones mediante el Reformulado N° 10, aprobado en agosto de 2025. Ese incremento equivale a 331% y habría elevado el costo por kilómetro a más de S/ 15 millones, frente a un ratio inicial aproximado de S/ 3.6 millones.
El pliego sostiene que la obra fue proyectada para 180 días, pero acumula casi 4 años sin culminar. La comisión cita 10 informes de acciones de control, siete alertas de Contraloría, observaciones sobre ausencia de residente y supervisor, cuaderno de obra desactualizado, órdenes de servicio menores a 8 UIT y uso de “bolonería” en defensas ribereñas, pese a las advertencias técnicas del OCI.
El Hospital de Tingo María aparece como el tercer eje de presión. La comisión pregunta por contrataciones directas autorizadas mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 494, del 26 de julio de 2023, bajo emergencias por lluvias y dengue. También incluye presuntas actas de recepción con fechas cuestionadas, penalidades no aplicadas por S/ 592,704, una supuesta condonación acumulada de S/ 992,493.14 y equipos biomédicos por más de S/ 10 millones que, según el cuestionario, carecerían de registro sanitario de Digemid.
El desenlace político dependerá ahora de las respuestas escritas de Pulgar y del peso que la Comisión de Fiscalización otorgue a su silencio durante la sesión reservada. Medina adelantó que el grupo parlamentario citará a la Procuraduría, a la Contraloría y a empresarios vinculados a los procesos bajo revisión. La pregunta que queda abierta es si el informe final trasladará el caso al terreno de la responsabilidad política o si abrirá una ruta más amplia hacia responsabilidades administrativas y penales.
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