Los feriantes sabatinos comenzaron a colocar postes y cercos alrededor de las áreas verdes de la Alameda de la República y vincularon esos trabajos con su decisión de continuar vendiendo cada semana en ese espacio público. Durante una transmisión de Diario Ahora, una representante del grupo aseguró que el alcalde provincial ofreció proporcionar césped, mallas y personal para completar la intervención. La jornada fue presentada inicialmente como una acción para proteger los árboles y recuperar las áreas verdes. Sin embargo, la propia comerciante explicó que el cercado también busca que los productores puedan seguir trabajando “tranquilos” en la Alameda, con lo cual la intervención ambiental quedó ligada a una disputa todavía abierta sobre la permanencia de la feria. La representante sostuvo que los feriantes ya habían conversado con el alcalde y que la municipalidad enviaría trabajadores después de que ellos terminaran de instalar los postes. Según su versión, la comuna también se comprometió a colocar mallas y apoyar con el césped. Esas declaraciones atribuyen un respaldo político y operativo, pero no permiten establecer todavía el alcance de la autorización: si comprende únicamente el cuidado de los jardines o si también avala la continuidad de los puestos comerciales. El cercado también busca asegurar la continuidad de la feria Los productores utilizan la Alameda una vez por semana, cuatro veces al mes. La entrevistada afirmó que llegan desde Tomayquichua, Churubamba, Mayobamba y zonas de la selva para vender productos procedentes directamente de sus chacras. La falta de otro punto de venta, sostuvo, es la razón por la que pretenden mantenerse en el lugar mientras las autoridades definen una alternativa. En su relato, el conflicto se originó después de que el Gobierno Regional de Huánuco les comunicara un plazo de 15 días para abandonar el espacio, sin concertar previamente una zona de traslado. La representante aseguró que no habían recibido una respuesta sobre dónde podrían continuar trabajando y que el plazo, en la práctica, los obligaba a regresar a sus casas. La controversia tiene así dos decisiones públicas que deben diferenciarse. La primera es el eventual permiso para intervenir físicamente una alameda mediante postes, cercos, mallas y césped. La segunda es la autorización para seguir desarrollando una actividad comercial semanal en el mismo punto. El apoyo verbal atribuido al alcalde no demuestra por sí solo que ambas decisiones hayan sido formalizadas ni que tengan el mismo alcance. Las imágenes de la transmisión sí permiten constatar que los trabajos estaban en marcha y que una parte del área ya aparecía cercada. También registran a integrantes de la feria participando en la colocación de postes. Lo que permanece por determinar es bajo qué coordinación se ejecutó la intervención y qué entidad asumirá su mantenimiento una vez culminada. Municipalidad y Gobierno Regional deben fijar una sola ruta La situación compromete a dos niveles de gobierno. Los feriantes atribuyen al Gobierno Regional la exigencia de retirarse y a la Municipalidad Provincial el ofrecimiento de ayudarlos a acondicionar la Alameda. Si ambas versiones son correctas, las autoridades estarían transmitiendo señales distintas a un mismo grupo: una orientada a desocupar el espacio y otra que podría facilitar su permanencia. Esa indefinición afecta también a vecinos, peatones y usuarios de la feria. La discusión no se reduce a si los productores necesitan un lugar para vender ni a si los árboles deben ser protegidos. Involucra el uso regular de un espacio público, la circulación de personas, la conservación de las áreas verdes y las condiciones bajo las cuales se permite una actividad comercial recurrente. Los propios feriantes han unido ambos asuntos al sostener que cercarán y embellecerán el área, pero también que seguirán vendiendo con normalidad. Por ello, una eventual colaboración municipal necesita precisar si se limita al componente ambiental, quién definió el diseño del cercado y qué ocurrirá con la feria cuando venza el plazo que los comerciantes atribuyen al Gobierno Regional. La próxima decisión verificable será la posición formal de la Municipalidad Provincial de Huánuco sobre los trabajos y la permanencia de los puestos, junto con la respuesta del Gobierno Regional sobre el traslado. Hasta que ambas instituciones delimiten sus competencias y compromisos, el cercado avanzará sobre un espacio cuya utilización futura continúa en disputa.
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