La dirigencia arrocera de Huánuco evitó confirmar si el decreto de urgencia anunciado por el Gobierno será suficiente para levantar la protesta del sector. William Hernández Martínez, presidente de los productores arroceros de Huánuco, sostuvo que el gremio aún evalúa el alcance de la norma porque su pedido inicial fue declarar en emergencia al sector arrocero.
“No, porque lo que nosotros hemos estado solicitando es que se declare en estado de emergencia al sector arrocero”, respondió Hernández Martínez al ser consultado sobre si la protesta sería levantada tras la emisión del decreto de urgencia que el Ejecutivo prevé publicar.
El dirigente, sin embargo, evitó cerrar una posición definitiva. Hernández Martínez reconoció que debe asesorarse con su equipo técnico para precisar la diferencia entre ambos mecanismos legales y no emitir una declaración equivocada sobre una norma que aún está en evaluación.
La dirigencia revisa el alcance legal
“Es un decreto de urgencia nomás, no es declaratoria. Estamos haciendo un análisis de estos dos términos con el equipo técnico para poder precisar opiniones, porque de repente podemos caer en error”, señaló Hernández Martínez durante la entrevista.
La declaración introduce cautela en el escenario abierto por la PCM, que anunció S/ 150 millones para atender la crisis arrocera: S/ 100 millones para compras directas de arroz y S/ 50 millones para trabajos de descolmatación con juntas de usuarios.
El matiz es clave porque la nota principal del Ejecutivo plantea una salida presupuestal inmediata, mientras que el dirigente huanuqueño insiste en revisar si esa respuesta coincide con la demanda gremial. Hernández Martínez pidió retomar la conversación tras el análisis técnico.
La respuesta final queda pendiente
La posición de Huánuco todavía no equivale a un rechazo formal del decreto, pero tampoco confirma el levantamiento de las medidas de fuerza. El dirigente dejó claro que el gremio necesita revisar el contenido y el alcance legal antes de comunicar una decisión a sus bases.
El siguiente punto de tensión será la publicación del decreto y la lectura que hagan los dirigentes regionales. Si el equipo técnico concluye que la norma no responde al pedido de emergencia sectorial, el Gobierno podría enfrentar nuevas observaciones pese al anuncio de los S/ 150 millones.
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