La controversia por los presuntos cobros excesivos en el servicio de agua potable en Huánuco alcanzó una nueva etapa de tensión tras la denuncia de Alfredo Quispe de la Cruz, quien señaló ser víctima de intimidación mediante cartas notariales. El dirigente vincula estas acciones legales a su labor de fiscalización, tras revelar evidencias de medidores que registran consumos superiores a los reales, afectando directamente la economía de los usuarios locales.
Quispe de la Cruz sostuvo que estas comunicaciones buscan silenciar las quejas ciudadanas sobre la idoneidad del servicio. Según precisó, su postura se ampara en el derecho constitucional a la libertad de expresión y de petición, así como en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. El dirigente advirtió que denunciar irregularidades en la gestión de un servicio básico no constituye un delito, sino un ejercicio legítimo de vigilancia civil.
El eje central de la denuncia se sostiene en el caso de Sinecio Rivera Atavillos, un usuario cuya facturación fue reducida de S/ 160.00 a S/ 57.50 luego de una verificación técnica. Según Quispe, la propia empresa prestadora debió reconocer mediante una máquina contrastadora que el medidor registraba un consumo de 17 litros cuando la descarga real era de 10, lo que demuestra una falla sistémica en la medición.
Evidencia técnica y movilización ciudadana
Este hallazgo ha encendido las alarmas entre los vecinos, quienes sospechan que el caso de Rivera no es un hecho aislado, sino una constante que explicaría el incremento injustificado en los recibos mensuales. Ante la falta de una respuesta institucional satisfactoria, se ha convocado a una reunión informativa y de organización para este jueves 30 de abril a las 7:00 p.m., en el jirón Inca Roca N.° 156.
La fiscalización ciudadana apunta ahora a los organismos reguladores. Quispe de la Cruz exhortó a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) y a Indecopi a intervenir de oficio para garantizar la transparencia en los procesos de facturación y el estado de los equipos de medición instalados en la ciudad.
El desenlace de esta pugna definirá el margen de acción de los usuarios frente a las empresas prestadoras. Mientras la población se organiza para presentar reclamos formales, queda pendiente determinar si las instituciones de control actuarán frente a las pruebas técnicas presentadas o si el conflicto derivará en una batalla legal de mayor escala sobre el derecho a la protesta y la transparencia pública.
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