Una impugnación formal contra el proceso de contratación del CEBA “Hermilio Valdizán” fue presentada en Huánuco tras la denuncia de presunta discriminación a un postulante con discapacidad. Según el documento presentado por José Carlos Tello Tafur, la comisión evaluadora le asignó un puntaje de 60 puntos sin aplicar la bonificación correspondiente establecida por ley, lo que —según indicó— habría alterado el cuadro final de méritos.
El postulante sostuvo que presentó su expediente completo dentro del proceso bajo el régimen laboral 276, incluyendo certificados de experiencia en limpieza, mantenimiento y guardianía, así como la constancia que acredita su condición de discapacidad. De acuerdo con Tello Tafur, estos documentos no fueron considerados al momento de la evaluación, lo que habría impactado directamente en su calificación final.
Asimismo, el denunciante manifestó que, al intentar presentar su reclamo de manera presencial, la respuesta de las autoridades del centro educativo fue negativa. Según su versión, el director de la institución y la comisión evaluadora —integrada por Isabel Barbarán Salinas— le indicaron que no se aceptarían impugnaciones porque el proceso ya estaba cerrado, lo que, afirmó, vulneraría su derecho al debido proceso administrativo.
¿Se respetaron los derechos en el proceso?
Especialistas en materia legal advirtieron que la omisión de beneficios establecidos para personas con discapacidad podría constituir una infracción normativa. Según indicaron, la legislación vigente contempla bonificaciones específicas en procesos de contratación pública, y su no aplicación podría derivar en responsabilidades administrativas o incluso penales por presuntos actos de discriminación o abuso de autoridad.
El propio Tello Tafur señaló que estos hechos reflejarían una falta de transparencia en el proceso de selección, en el que —según precisó— no se habría respetado el principio de igualdad de oportunidades. En ese sentido, indicó que la negativa a recibir su impugnación limitaría su derecho a cuestionar los resultados dentro de los plazos administrativos establecidos.
Ante esta situación, el postulante presentó una solicitud formal ante la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huánuco, en la que pide la reevaluación de los expedientes y la revisión del proceso de contratación. Según el documento, también solicita que se investigue la actuación de los miembros del comité evaluador.
El caso abre un nuevo foco de atención sobre los mecanismos de contratación en instituciones públicas de la región. La respuesta de la UGEL Huánuco y las eventuales acciones administrativas podrían definir no solo el resultado de este proceso específico, sino también los criterios con los que se garantizaría el acceso equitativo al empleo público en situaciones similares.
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