La activación simultánea de tres acciones de fiscalización desde el Congreso apunta directamente a la gestión del Gobierno Regional de Huánuco (Gorehco). Documentos oficiales enviados el 19 de marzo de 2026 por el congresista Carlos Zeballos evidencian un paquete de medidas que incluye solicitud de control concurrente a la Contraloría, citación del gobernador Antonio Pulgar y requerimiento de información sobre una comisión investigadora. El eje común: 32 obras paralizadas, contratos por más de S/ 2,500 millones y presuntas irregularidades.
El primer documento solicita a la Contraloría General de la República iniciar acciones de control sobre Gorehco ante una “posible inconducta funcional” de funcionarios y del titular del pliego. Zeballos advierte que las 32 obras paralizadas superarían los S/ 20 millones de inversión, e identifica proyectos como la carretera Chaglla–Pozuzo, hospitales en Lauricocha y Tingo María, además de infraestructura urbana y adquisición de maquinaria pesada.
El mismo oficio incorpora un elemento central: la empresa Grupo Pérgola S.A.C. habría obtenido contratos superiores a S/ 2,500 millones en distintas gestiones de Gorehco. Según el congresista, este volumen contractual, sumado a denuncias de sobrevaloración en obras emblemáticas, justificaría auditorías de cumplimiento y control concurrente para detectar riesgos o posibles perjuicios económicos.
Escalada de medidas desde el Congreso
El segundo documento eleva la presión política al solicitar la citación del gobernador regional ante la Comisión de Fiscalización. Zeballos plantea no solo su comparecencia, sino también el levantamiento del secreto de las comunicaciones y del secreto bancario del propio gobernador y de funcionarios de áreas estratégicas como administración, presupuesto, abastecimiento y tesorería.
La solicitud incluye además la revisión de expedientes de contratación desde el año 2024, especialmente en la adquisición de maquinaria pesada, así como el análisis de posibles comunicaciones entre funcionarios y proveedores. De acuerdo con el oficio, el objetivo es determinar si existió concertación previa en procesos de selección o uso indebido del cargo.
El tercer documento revela tensiones internas dentro de la propia Comisión de Fiscalización. Zeballos, en su condición de vicepresidente, solicita información documentada sobre los avances de la comisión investigadora que recibió facultades en octubre de 2025 y fue ratificada por el Pleno en noviembre del mismo año, con un plazo de 60 días hábiles.
Entre los pedidos figuran informes preliminares o finales, actas de aprobación, relación de congresistas participantes, visitas de fiscalización y acciones como allanamientos o levantamientos de secretos bancarios. También se cuestiona la falta de convocatoria a una sesión extraordinaria para informar resultados tras el vencimiento del plazo otorgado.
Implicancias políticas y de gestión regional
Desde el plano legislativo, las acciones reflejan una intensificación del control político sobre Gorehco en un contexto en el que el Congreso ha otorgado facultades investigadoras específicas. El uso de herramientas como el levantamiento del secreto bancario evidencia que el caso ha escalado hacia un nivel de mayor complejidad institucional.
En el plano económico, las cifras mencionadas —S/ 2,500 millones en contratos y proyectos superiores a S/ 20 millones— sugieren un impacto potencial significativo en el presupuesto regional. Las 32 obras paralizadas implican recursos inmovilizados y posibles sobrecostos, lo que podría afectar la ejecución de inversión pública en sectores estratégicos.
En el ámbito social, los proyectos observados —hospitales, carreteras, infraestructura urbana— inciden directamente en servicios para miles de ciudadanos en provincias como Leoncio Prado, Lauricocha y Huánuco. La paralización de estas obras podría traducirse en limitaciones en acceso a salud, conectividad y servicios básicos.
El desarrollo simultáneo de acciones de control por parte de la Contraloría, el Congreso y la propia comisión investigadora abre un escenario de fiscalización múltiple sobre Gorehco. Queda por observar si estas medidas derivarán en responsabilidades concretas o si evidenciarán limitaciones en los mecanismos de control político en el ámbito regional.
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