La maquinaria pesada del Gobierno Regional de Huánuco quedó bajo sospecha política tras revelarse que parte importante de las unidades adquiridas para atender emergencias en las 11 provincias está concentrada en obras por administración directa en Huánuco. El informe de Transportes, lejos de cerrar dudas, abrió un frente de fiscalización por la aparente desigualdad en la atención a zonas con vías bloqueadas.
Ronald José Santiago, director de Caminos, acudió al Consejo Regional en representación del director regional de Transportes y Comunicaciones, Luigui, para responder por el estado y ubicación del pool de maquinaria. Según informó, la entidad cuenta con 43 unidades entre maquinaria pesada, vehículos, volquetes, camas bajas, planta de asfalto y planta chancadora.
El funcionario precisó que dos volquetes están en el Malecón Huallaga, dos en Huamalíes, once en la defensa ribereña Walker Soberón y dos permanecen en el DEM Pedro Puelles por una controversia con la empresa proveedora. También indicó que la planta de asfalto funciona en el circuito de manejo y la chancadora en Huachoc, con producción destinada a obras por administración directa.
El reclamo por las provincias abandonadas
El consejero Dante Oliver cuestionó con dureza que la maquinaria termine absorbida por proyectos de Huánuco y Amarilis, cuando —según recordó— fue comprada para responder a emergencias en toda la región. El representante mencionó pedidos de Santa Rosa, La Morada y Cholón, en Marañón, que, según sostuvo, siguen esperando atención pese a la urgencia vial.
La crítica golpeó el centro del problema: mientras una obra urbana recibe once volquetes, provincias alejadas deben insistir para conseguir maquinaria. Oliver advirtió que esa distribución contradice la finalidad pública de la compra y pidió a Transportes revisar los requerimientos acumulados en sus oficinas antes de seguir priorizando obras locales.
Ricardo Prado García, consejero por Huamalíes, expuso un caso más grave. Según denunció, una maquinaria asignada a su provincia quedó paralizada, mientras el sector Nueva Esperanza-Jaria, en el distrito de Puños, continúa bloqueado desde hace más de dos meses tras un hecho que dejó cuatro fallecidos.
Transportes intenta justificar la distribución
Santiago respondió que las unidades se asignan según disponibilidad, la Directiva N.º 007 y la autorización del director regional en situaciones de emergencia. Sin embargo, reconoció que algunos puntos mencionados por los consejeros no estaban plenamente mapeados, una admisión delicada para una dirección que debe conocer el estado de las vías regionales.
La consejera Idith Jacobo, de Puerto Inca, pidió una fecha concreta para la entrega de maquinaria a las provincias. Según señaló, los alcaldes exigen información clara y los consejeros no pueden responder a la población si Transportes no transparenta un cronograma real de atención.
El debate dejó una pregunta incómoda para el Gobierno Regional: si las 43 unidades fueron adquiridas para enfrentar emergencias, ¿por qué las provincias deben reclamar en sesión pública para ser escuchadas? La próxima comparecencia de Transportes definirá si el Consejo Regional pasa del cuestionamiento político a una fiscalización más severa sobre el uso del pool de maquinaria.
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