La reunión convocada para este miércoles 9 de septiembre sobre la Carretera Central no parte de una vía sin contrato ni de una entidad sin obligaciones vigentes. Provías Nacional mantiene con el Consorcio Vial Puma un servicio de gestión y conservación por S/69 585 386.30 y tres años para el corredor desvío Cerro de Pasco–Huánuco–Tingo María–puente Pumahuasi.
Por eso, antes de promover otra declaratoria de emergencia, la discusión debe establecer cuánto de ese contrato se ejecutó, en qué sectores y con qué capacidad de respuesta se llegará a la temporada de lluvias.
Víctor Zevallos Matos, presidente de la Asociación de Gestión Vial e Hidroenergético de Huánuco y promotor de la asamblea, planteó que Provías y el consorcio informen sobre el tramo San Rafael–Tingo María. El dirigente dijo que no existe una cifra oficial de zonas críticas y calculó, a partir de sus viajes, que ya serían más de cien.
Esa cantidad es una estimación de Zevallos, no un inventario técnico. La reunión deberá reemplazarla por una relación georreferenciada, clasificada por nivel de riesgo y con la identificación de la entidad o contratista responsable de cada atención.
La cita está prevista para las 10 de la mañana en el Colegio de Abogados de Huánuco. Zevallos propone que, después de las exposiciones, se forme una comisión multisectorial y se viaje a Lima para gestionar medidas ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
El alcalde provincial Antonio Jara respaldó la iniciativa, anunció que enviará a sus funcionarios y ofreció llevar al concejo una propuesta para declarar en emergencia la carretera. Ninguna de esas acciones, por sí sola, sustituye el balance del servicio contratado.
El corredor tiene un contrato que debe medirse
El Consorcio Vial Puma, integrado por Desial S.A.C. y Marva Di Casa S.R.L., suscribió el Contrato n.° 066-2025-MTC/20.2 en julio de 2025. Provías programó la entrega de las áreas y bienes del corredor para el 13 y 14 de octubre de ese año, momento desde el cual se anunció el inicio efectivo de la prestación.
El servicio comprende conservación rutinaria, bacheo, limpieza, retiro de derrumbes y atención de emergencias a lo largo del corredor. El monto, la composición del consorcio y el plazo fueron publicados al iniciarse la intervención.
El contrato también prevé conservación periódica con maquinaria especializada en 19 kilómetros: sectores de Chicrín–Huánuco y Huánuco–Puente Rancho. La programación difundida situó esa fase entre septiembre de 2026 y septiembre de 2027, condicionada a la aprobación del Plan de Gestión Vial por Provías. Los alcances temporales y técnicos del servicio fueron detallados después de la firma contractual.
Ese calendario convierte al plan en un documento central para la asamblea. Provías deberá informar si ya lo aprobó, qué partidas periódicas comenzarán este mes, en qué kilómetros y con qué cronograma. El consorcio, por su parte, deberá exponer las actividades ejecutadas, sus mediciones y valorizaciones, los equipos disponibles, las bases operativas y los tiempos de respuesta.
Sin esos datos, una presentación general sobre el mal estado de la vía no permitirá determinar si se están cumpliendo las obligaciones contractuales.
Trabajos puntuales frente a una obligación continua
Existen intervenciones que también deben incorporarse al balance. En junio, Provías ejecutó trabajos de emergencia entre Huánuco y el kilómetro 60, cerca del Mirador de Carpish, después de que una inspección detectara fallas geológicas y hundimientos.
Las labores comprendieron relleno, bacheo, perfilado y compactación y fueron programadas del 16 al 21 de junio. La intervención fue reportada como una atención de seis días.
La asamblea deberá distinguir esos trabajos temporales de las obligaciones continuas del contrato de tres años. También deberá establecer qué ocurrió después en los sectores intervenidos, si volvieron a deteriorarse y qué mantenimiento se programó para ellos antes de las lluvias.
Ya existe una emergencia nacional, pero no cubre todo el corredor
La propuesta de Jara también necesita precisión. El Decreto Supremo n.° 124-2026-PCM, publicado el 1 de septiembre, ya declaró por 60 días el estado de emergencia por peligro inminente ante lluvias intensas en 34 distritos de Huánuco.
La relación incluye a Huánuco y Chinchao, vinculados con el corredor, pero no a San Rafael. En la provincia de Leoncio Prado solo incorpora a José Crespo y Castillo. Por tanto, la medida nacional no abarca de manera uniforme todo el tramo discutido.
La norma ordena ejecutar acciones inmediatas de reducción del riesgo, respuesta y rehabilitación, con participación del Ministerio de Transportes, entre otras entidades. También establece que estas acciones se financiarán con los presupuestos institucionales existentes y sin recursos adicionales del Tesoro Público. El decreto y su anexo delimitan los distritos, el plazo y la fuente de financiamiento.
En consecuencia, un pronunciamiento municipal adicional solo tendrá valor operativo si define ámbito, acciones, responsables, maquinaria, presupuesto y coordinación con Provías. Declarar una emergencia sin esas precisiones no crea automáticamente recursos ni modifica las obligaciones del Consorcio Vial Puma.
El resultado verificable de la asamblea debe ser un acta con el inventario de puntos críticos por kilómetro, el estado del Plan de Gestión Vial, el cronograma de conservación periódica, la ubicación de equipos para emergencias y compromisos con responsables y fechas.
Si esos documentos no aparecen, la reunión añadirá una nueva convocatoria a una carretera que ya tiene contrato, presupuesto y obligaciones que pueden ser fiscalizadas.
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