El Tribunal Constitucional (TC) dejó al voto la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Loreto contra la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y determinadas disposiciones del Código Penal relacionadas con la minería ilegal, según informó RPP.
La demanda plantea dos objetivos principales: poner fin al proceso de formalización minera, que lleva 24 años y ha sido ampliado en seis oportunidades, y eliminar los mecanismos que impiden procesar por el delito de minería ilegal a los inscritos en el registro.
Cuestionamientos al régimen de formalización
En declaraciones a RPP, el abogado César Ipenza cuestionó que la permanencia de este régimen permita que se desarrollen actividades mineras durante el proceso de formalización, con impacto sobre el medio ambiente.
"Mientras dure el proceso de formalización, puede generar impactos sobre el ambiente, puede generar afectación al derecho fundamental que nosotros tenemos a gozar de un ambiente sano y equilibrado y, por otro lado, nuestra Constitución señala que todos somos iguales ante la ley, pero ellos tienen un régimen de protección superior", refirió.
El abogado explicó que, si el TC le da la razón al Colegio de Abogados de Loreto, los mineros deberán cumplir primero con las obligaciones legales correspondientes antes de desarrollar sus actividades. Precisó además que eliminar los mecanismos de protección penal no implica que los 30 000 registros sean enviados inmediatamente a prisión, sino que tendrían que asumir una mayor responsabilidad por sus operaciones.
La Ley MAPE y el debate en el Congreso
Durante la entrevista, Ipenza también se refirió al proyecto de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), con el que se busca sustituir el actual esquema de formalización, y consideró que la propuesta "tiene varias deficiencias".
"Obviamente, el debate en el Congreso puede hacer mejoras, pero nos han dicho que se cierra el Reinfo y no es cierto. Todos los mineros que están en el Reinfo pasan a un régimen de consolidación; del Reinfo pasamos al Recom con las mismas condiciones", refirió.
Dicho mecanismo, según Ipenza, mantendría "las mismas condiciones y la misma impunidad garantizada", similares a las del actual proceso de formalización, y podría extenderse hasta junio de 2028. Por ello, sostuvo que el cambio de denominación no resolvería el problema si se mantienen las disposiciones que evitan procesar penalmente a los operadores inscritos.
El abogado también cuestionó la participación de representantes del sector minero informal en las discusiones en el Congreso. "Es justamente en la Comisión de Energía y Minas donde debería debatirse e invitarse a otros expertos. Nos llama la atención de manera particular la constante de siempre solo convocar a los que generan la problemática, a los mineros informales, y no a las otras voces", comentó.
En esa línea, mencionó al parlamentario Elar Ssoncco, de Ahora Nación, quien habría admitido tener un registro en el Reinfo. "Es una situación cuestionable y discutible que tengamos alguien con intereses directos tratando de emitir o aprobar normas que lo van a beneficiar o que lo podrían beneficiar. Entonces, creo que esto también nos debe llevar a la reflexión de qué medidas deberían tomarse al interior de nuestro Parlamento para evitar estas situaciones", indicó.
El TC deberá resolver la demanda, mientras el Congreso debate la Ley MAPE, que según el abogado mantendría el régimen de consolidación para los inscritos en el Reinfo.










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