El vocero del Observatorio de Minería Ilegal, César Ipenza, cuestionó la propuesta de Juntos por el Perú para ampliar hasta el 2028 el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y advirtió que una nueva prórroga prolongaría los problemas vinculados a la minería ilegal en el país. En entrevista con Canal N, el también abogado señaló que su organización, integrada por más de 20 entidades, no fue convocada para participar en el debate de la propuesta de ley de la pequeña minería y minería artesanal (MAPE).
Ipenza criticó el trabajo de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, presidida por Jennifer Paredes, y sostuvo que sus integrantes han priorizado reuniones con representantes de los mineros informales, sin incorporar suficientemente la participación de especialistas y organizaciones ambientales.
"Lamentablemente hemos visto en la Comisión de Energía y Minas las diversas acciones que ha realizado han estado enfocados en reunirse con quienes generan el problema, reunirse con mineros informales cuando la implicancia de esta norma, la ampliación de cualquier proceso de formalización tiene efecto sobre toda nuestra sociedad", declaró.
Cuestionamientos a la Comisión de Energía y Minas
El vocero agregó que los parlamentarios deben legislar pensando en el conjunto de la sociedad y no solo en un sector. "Entonces sería importante porque ellos son parlamentarios del Estado peruano, no son parlamentario de mineros informales y ha sido una constante no solo de hoy sino del pasado seguir escuchando y, por otro lado, ser chantajeados por parte de los mineros con sus protestas para ampliar este proceso", agregó.
Respecto al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, Ipenza sostuvo que la iniciativa mantendría las condiciones actuales del REINFO y trasladaría a sus inscritos a un nuevo proceso de consolidación sin resolver los problemas de fondo. También cuestionó que no se hayan planteado cambios para eliminar la exención de responsabilidad penal que, según explicó, beneficia a quienes permanecen en el proceso de formalización.
En esa línea, advirtió que extender el REINFO no garantiza que los mineros alcancen la formalización y que la continuidad de este mecanismo genera consecuencias que van más allá del impacto ambiental, pues también estaría vinculada a delitos como extorsión, sicariato y trata de personas.
Demanda ante el Tribunal Constitucional y falta de interoperabilidad
Ipenza informó que el Observatorio de Minería Ilegal presentó, junto con el abogado Samuel Abad y en representación del Colegio de Abogados de Loreto, una demanda ante el Tribunal Constitucional para que se declare inconstitucional el actual proceso de formalización minera y se eliminen los mecanismos que consideran generan impunidad. Asimismo, cuestionó que no se consideren los alcances de una sentencia de ese tribunal sobre la eliminación de mecanismos de impunidad en el proceso de formalización minera, según sus declaraciones.
El vocero también cuestionó la falta de avances del Ministerio de Energía y Minas en la implementación de un sistema de interoperabilidad para la pequeña minería y minería artesanal, cuyo desarrollo había sido establecido mediante disposiciones legislativas desde el 2024.
Finalmente, pidió a las distintas bancadas del Congreso evaluar las consecuencias de una nueva ampliación del REINFO y exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a la votación de la futura ley MAPE, cuyo propósito debería ser establecer mecanismos efectivos de formalización, fiscalización y control de la actividad minera.
"Entonces, nuevamente, creo que la ciudadanía tiene que estar atenta de cómo voten y ve usted interés real, digamos, en el resto de bancadas, ya no hablemos de Juntos por el Perú, pero en el resto de bancadas, la de Fuerza Popular, la de Renovación Popular, la de El Buen Gobierno, la de Ahora Nación, de Obras, realmente de reformular una ley seria, una ley en contra de la minería ilegal", sostuvo.










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