Una iniciativa legislativa de la bancada de Juntos por el Perú (JP) propone regular la recuperación, trazabilidad y destino público de la maquinaria pesada que el Ministerio Público, la Policía Nacional o la Dirección de Capitanías y Guardacostas incaute a los mineros ilegales, en lugar de destruirla. El proyecto, presentado por la diputada Yuli Ambrosio, modifica el Decreto Legislativo N° 1100 y llega mientras el Poder Ejecutivo incrementa los operativos de interdicción en el país.
Según datos de la Comisión para el Combate de la Minería Ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el promedio de operativos mensuales pasó de 62 en 2024 a 86 en 2025, y en 2026 supera las 130 intervenciones por mes. La entidad informó que en los dos últimos años se realizaron más de 2,300 operativos con decomisos de bienes valorizados en más de S/ 7,000 millones.
Qué plantea la propuesta
La iniciativa busca establecer un tratamiento diferenciado para la maquinaria que pueda ser retirada de las zonas de operación ilegal sin generar "riesgos irrazonables" para las personas que participan en el operativo. En esos casos, se priorizaría su retiro, traslado, aseguramiento y custodia, en lugar de su destrucción.
El texto precisa que "la aplicación de esta medida no determina anticipadamente la titularidad del bien, ni afecta el posterior pronunciamiento que corresponda respecto a su situación jurídica o de los derechos de terceros". La destrucción, demolición o inutilización procedería solo cuando el retiro no pueda realizarse por las características del bien, condiciones geográficas, dificultades materiales de extracción u otras circunstancias que hagan inviable su traslado, aseguramiento o custodia.
Asimismo, la propuesta plantea que, cuando el Estado tenga facultad legal para disponer de la maquinaria, esta pueda asignarse a tareas como construcción, rehabilitación o mantenimiento de caminos vecinales, trochas carrozables, vías rurales y canales de riego. La iniciativa reconoce que pueden generarse gastos asociados con extracción, remolque, transporte, combustible, seguridad, depósito, conservación, evaluación mecánica, reparación, mantenimiento y administración del bien incautado, por lo que establece que la implementación se hará conforme a la disponibilidad presupuestal de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
Antecedente y alerta del sector formal
Expertos consultados recordaron que en 2023 el Congreso anterior aprobó un proyecto similar, pero fue observado por el Poder Ejecutivo de ese entonces y no prosperó. Miguel Ángel Soto, socio del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), señaló que con esta iniciativa JP estaría "volviendo a la carga". Indicó que la Fiscalía de la Nación observó aquel proyecto porque no contaba con recursos económicos ni logísticos para custodiar o trasladar la maquinaria, debido a que la mayoría de los operativos se realizan en lugares muy alejados.
Soto observó que hoy la primera opción de las autoridades es la destrucción de la maquinaria usada por mineros ilegales, porque las condiciones del terreno donde operan son de difícil acceso, hay ausencia de vías, falta de equipos de traslado y presencia de grupos armados. Añadió que el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) ya viene asignando equipos intervenidos para uso temporal a municipalidades provinciales y distritales, por lo que el proyecto no aportaría nada nuevo en ese aspecto.
El abogado consideró que, de aprobarse el texto, se podría afectar la capacidad operativa de la Policía y la Fiscalía, pues les significaría una carga adicional al tener que realizar una evaluación técnica y sustentar por qué optan por destruir el bien o mantenerlo. Además, anotó, las fuerzas del orden tendrían que destinar personal y recursos a una custodia temporal de los bienes incautados, cuando esa necesidad no está bien justificada en la iniciativa legal. Para Soto, no es posible asegurar que esta propuesta no generará costos al Estado.
En la misma línea, Marcial García, experto en minería de EY Perú, coincidió en que, si se aprueba el proyecto, le pondría un freno a las labores de interdicción de mineros ilegales y se podría complicar el combate a esa actividad ilícita, porque se agregarán tareas adicionales a las fuerzas del orden, que no cuenta con recursos para ello.
Reinfo y próximos pasos
El debate se da a poco más de dos meses de que concluya el proceso de formalización y cierre del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), previsto para el 31 de diciembre de 2026. Según expertos, se esperaría que el próximo año se incrementen aún más las operaciones de interdicción en zonas donde se concentran los mineros ilegales, que en muchos casos no pueden ser intervenidos por contar con registro en el Reinfo.
La propuesta de JP se encuentra en la Cámara de Diputados del nuevo Congreso de la República, donde se retoma el debate sobre la disposición final de los bienes incautados a la minería ilegal.
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