La diputada Catherin Norma Palomino Casavilca, del grupo parlamentario Juntos por el Perú, presentó un proyecto de ley para derogar siete normas aprobadas por el Congreso anterior, denominadas “leyes procrimen” por haber debilitado las herramientas del Estado para investigar y perseguir el crimen organizado.
Entre las normas cuestionadas se encuentran la Ley 31751, conocida como Ley Soto, y su confirmatoria, la Ley 32104, que impusieron un límite de un año a la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal. Según la iniciativa, dicha norma se aprobó sin recibir las opiniones del Poder Judicial, del Ministerio Público ni de la Defensoría del Pueblo, pese a que incidía directamente en la persecución penal.
Normas en la mira
La Corte Suprema de Justicia, mediante un acuerdo plenario, cuestionó la constitucionalidad de la Ley 31751. No obstante, el Tribunal Constitucional declaró constitucional la norma.
La Ley 31989 también figura en la lista. Esta norma redujo las facultades de intervención inmediata de la Policía Nacional del Perú (PNP) frente a actividades de minería ilegal, limitando el decomiso oportuno de explosivos y maquinaria. El proyecto cita a organizaciones especializadas de la sociedad civil que advirtieron que la modificación favoreció la expansión de esa actividad ilícita.
La diputada también cuestiona la Ley 31990, que fijó un plazo máximo de ocho meses para tramitar los procedimientos de colaboración eficaz, prorrogable hasta por cuatro meses adicionales y, en casos de crimen organizado, hasta por ocho meses más. Durante el procedimiento legislativo, los principales operadores del sistema de justicia advirtieron que esos plazos dificultarían investigaciones de alta complejidad que requieren pericias especializadas o asistencia judicial internacional.
Otra norma en la mira es la Ley 32054, que exime de responsabilidad penal a los partidos políticos. Gracias a esta norma, la Corte Suprema determinó que Perú Libre, partido de Vladimir Cerrón, no puede ser considerada una organización criminal.
La Ley 32108, que introdujo requisitos adicionales para configurar jurídicamente una organización criminal —como la exigencia de una “estructura compleja desarrollada” y una “mayor capacidad operativa”— y condicionó los allanamientos a la presencia del investigado o su abogado defensor, también es objeto de la propuesta. Esta norma fue posteriormente modificada por la Ley 32138.
La séptima norma cuestionada es la Ley 32130, que trasladó parte de la conducción de las diligencias preliminares del Ministerio Público hacia la PNP.
Restablecimiento del marco legal
La derogación de las “leyes procrimen” no implicaría un vacío legal. El proyecto incluye una disposición expresa de restablecimiento: volverían a regir los textos del Código Penal, del Código Procesal Penal, de la Ley 30077 (Ley contra el Crimen Organizado), de la Ley 27379 y de la Ley 30424 tal como estaban antes de ser modificadas por el anterior Congreso.
Las investigaciones fiscales y los procesos judiciales ya iniciados se adecuarían al nuevo marco normativo desde la entrada en vigencia de la ley. Las actuaciones procesales válidamente realizadas con anterioridad mantendrían sus efectos; los actos posteriores a la entrada en vigor se regirían por las disposiciones restablecidas.
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