Policía en actividad señalado como principal sospechoso de feminicidio, sigue libre tras cinco años

Cinco años después del brutal crimen que sacudió al distrito de Uchiza, en la región San Martín, la familia de Lesly Vicente Félix, una joven de 19 años, continúa clamando por justicia. El caso, marcado por evidencias de violencia extrema y presunto abuso sexual, aún no ha logrado avances concretos en el sistema judicial peruano. Lesly fue encontrada sin vida en la vivienda de su cuñada, en circunstancias que inicialmente fueron presentadas como un suicidio. Sin embargo, los exámenes forenses desmintieron esa versión, confirmando que la joven sufrió agresiones físicas y sexuales antes de morir. El principal sospechoso es Eric Villogas Carhua, un policía en actividad y hermano de la cuñada de Lesly, quien habría estado en la escena del crimen. Pese a los indicios y pruebas contundentes recolectadas durante la investigación, hasta la fecha no se ha dictado prisión preventiva contra Villogas Carhua. Esta situación ha generado indignación en la familia de la víctima y en organizaciones defensoras de derechos humanos, que denuncian demoras injustificadas y posibles irregularidades en el proceso fiscal y judicial. El caso de Lesly no es un hecho aislado. En lo que va del 2025, el Perú ha registrado al menos 12 feminicidios, lo que evidencia una crisis persistente de violencia contra la mujer y una alarmante falta de respuestas eficaces por parte del Estado. Activistas y colectivos feministas han señalado que la impunidad continúa siendo una de las principales barreras para combatir este flagelo, especialmente cuando los presuntos agresores pertenecen a instituciones como la Policía Nacional. La familia Vicente Félix ha reiterado su pedido a las autoridades para que se priorice el caso, se reevalúe la situación legal del principal sospechoso y se garantice un proceso justo y transparente. “No descansaremos hasta que Lesly tenga justicia”, han afirmado en reiteradas declaraciones públicas. El crimen de Lesly, cuya vida fue truncada a los 19 años, sigue resonando como un doloroso recordatorio de la vulnerabilidad que enfrentan muchas mujeres en el país. A medida que pasan los años sin avances significativos, la presión social por respuestas firmes y cambios estructurales en el sistema judicial se intensifica, exigiendo que ningún crimen quede impune, sin importar quién sea el acusado.