El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, solicitó formalmente al Congreso de la República la aprobación de un crédito suplementario con carácter de urgencia para el Ministerio Público, al advertir que la institución no cuenta con los recursos necesarios para cerrar el año operativo. Según dijo en Ampliación de Noticias de RPP, sin esos fondos no se podrían cubrir las planillas del personal fiscal en parte de noviembre y en diciembre.
Gálvez explicó que el Poder Ejecutivo planteó un incremento del 16 % en el presupuesto institucional para 2027, pero consideró que esa cifra resulta insuficiente frente a los recortes sostenidos de los últimos años y a las exigencias logísticas del combate contra la criminalidad.
"Hemos solicitado también un crédito suplementario, una demanda adicional urgente porque si no, ya no tendríamos dinero para pagar los sueldos de los fiscales en parte del mes de noviembre y para diciembre, y entraríamos en una crisis muy lamentable", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.
El aumento del 16 % y los recortes acumulados
El titular del Ministerio Público sostuvo que el incremento propuesto por el Ejecutivo no alcanza a restituir el nivel de recursos que la institución tenía previsto en su presupuesto regular. "Con este aumento ni siquiera equipara lo que debíamos tener como presupuesto normal", aseveró.
De acuerdo con su exposición, la crisis presupuestal no solo compromete el pago de remuneraciones, sino también la operatividad cotidiana de la Fiscalía, en un contexto que vinculó al avance del crimen organizado y de la minería ilegal.
Unidades de flagrancia y falta de logística
Consultado sobre el funcionamiento de las nuevas unidades de flagrancia, iniciativa promovida por el Poder Judicial, Gálvez reveló que el Ministerio Público tuvo que unificar los turnos a nivel nacional porque no cuenta con personal ni recursos para cubrir el doble horario que exige el nuevo sistema.
"Obviamente no tenemos fiscales ni la logística para atender dos turnos", reconoció. Aunque aseguró que el problema de personal fue resuelto mediante una directiva interna, el déficit logístico persiste.
"Requerimos de un presupuesto adicional, sobre todo para la logística, para los bienes y servicios, especialmente para la movilidad y para la implementación de peritos que tenga que hacer su trabajo de inmediato en los casos de flagrancia", culminó.
El trámite del crédito suplementario en el Congreso
El pedido de Gálvez se dirige a un mecanismo que el Congreso ya ha utilizado este año. El 30 de junio de 2026, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, entonces presidida por el congresista Alejandro Soto Reyes, aprobó por mayoría el dictamen del Proyecto de Ley 14799/2025-PE, que planteaba créditos suplementarios para financiar inversiones públicas, la continuidad de servicios del Estado y la transición democrática. La votación fue de 28 a favor, uno en contra y cero abstenciones.
Ese dictamen incorporaba recursos vía crédito suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2026 por S/ 4 160 277 816,00, con cargo a Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. Asimismo, aprobaba la emisión interna de bonos hasta por S/ 1,260 millones para proyectos de inversión, IOARR e intervenciones de reconstrucción.
El asesor del grupo dictaminador, Giovanni Elliot Arias, sustentó las 13 incorporaciones al texto y señaló que el objetivo era dotar de agilidad, liquidez y viabilidad operativa al aparato estatal mediante el levantamiento excepcional de rigideces presupuestarias del año fiscal 2026.
Posteriormente, la Comisión Permanente aprobó el texto sustitutorio del mismo proyecto con 17 votos a favor, cinco en contra y cuatro abstenciones, según informó El Peruano. El dictamen contemplaba recursos para atender emergencias como el Fenómeno El Niño, financiar proyectos de remediación ambiental, fortalecer el sistema de salud y cubrir el pago progresivo de gratificaciones y CTS de los trabajadores CAS, además del programa Beca Bicentenario y el proyecto Chavimochic.
En esa ocasión, Soto Reyes afirmó que ningún trabajador CAS se quedaría sin recibir su gratificación y CTS, de manera gradual, conforme a lo consensuado con el Ministerio de Economía, aunque no precisó el porcentaje del pago ni si comenzaría en julio de ese año.
Situación actual
El Ministerio Público queda a la espera de que el Congreso atienda la demanda adicional solicitada por Gálvez. El fiscal de la Nación sostuvo que, sin esos recursos, la institución entraría en una crisis financiera en los últimos meses del año, con impacto directo en el pago de los fiscales y en la operatividad de las unidades de flagrancia.
Comentarios
Comparte tu opinión de manera respetuosa.
Inicia sesión para dejar un comentario.