La prohibición de la reelección inmediata no puede reducirse a una frase que los políticos respetan en el papel mientras buscan caminos para producir, por otra vía, el mismo resultado. Si la Constitución ordenó alternancia en las alcaldías, su propósito fue impedir que una autoridad utilizara una posición ventajosa para encadenar periodos consecutivos. Cumplir únicamente la letra y rodear su finalidad debilita esa decisión democrática.
En Huánuco, cuatro alcaldes en funciones postulan como primeros regidores en las jurisdicciones que gobiernan: Diana Plejo, Delia Verde, Gide Falcón y Edson Cabrera. En tres de esas listas renunciaron quienes aparecían como candidatos a alcalde. En Yarowilca, el cabeza de lista permanece, pero Cabrera ocuparía la primera línea de sucesión municipal si su organización obtiene la victoria.
La coincidencia merece una explicación seria. No basta responder que la candidatura es legal. Muchas conductas pueden caber en un vacío normativo y, aun así, resultar contrarias a la transparencia, la alternancia y la confianza que debe existir entre autoridades y ciudadanos. Quien pretende continuar cerca del poder municipal tiene la obligación de explicar por qué eligió la primera regiduría y qué hará si aparece la posibilidad de volver a la alcaldía.
También debemos ser rigurosos. Las renuncias y las posiciones dentro de las listas no prueban, por sí solas, la existencia de un acuerdo clandestino. Sería irresponsable convertir una secuencia sospechosa en una culpabilidad fabricada. Pero la falta de prueba sobre una coordinación tampoco elimina el problema público: cuatro autoridades impedidas de reelegirse quedaron colocadas en la posición más cercana al cargo que ejercen.
La responsabilidad mayor recae en el Jurado Nacional de Elecciones. Su presidente ha señalado que los alcaldes pueden competir como regidores porque no existe una prohibición expresa. Sin embargo, reconoció que el Pleno todavía no ha debatido si alguno de ellos podría recibir nuevamente la credencial de alcalde. Esa respuesta no debería llegar después de que los ciudadanos hayan votado.
El elector necesita saber, antes del 4 de octubre, cuál será el efecto real de su voto. ¿Quién asumirá la alcaldía si gana una lista cuyo candidato principal renunció? ¿Podrá ser proclamado un alcalde que la Constitución impedía reelegir directamente? Postergar estas respuestas traslada al ciudadano una incertidumbre creada por el sistema electoral.
El Congreso tampoco puede fingir sorpresa. La fórmula se conoce desde procesos anteriores y apareció un proyecto para cerrarla, cuando ya no puede aplicarse a estas elecciones. Legislar después del problema es una costumbre nacional que termina premiando a quienes exploran primero los vacíos de la norma.
Nuestra posición es clara: la legalidad formal no debe convertirse en refugio de la viveza política. Los cuatro alcaldes tienen derecho a competir mientras la ley lo permita, pero también deben rendir cuentas sobre su propósito. El JNE debe fijar reglas antes de la votación y el elector debe observar no solo el símbolo de cada lista, sino lo que puede ocurrir después. La democracia no consiste en encontrar el agujero de la norma, sino en respetar su sentido.
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