La minería ilegal se ha convertido en el gran tema ausente durante el primer mes del nuevo gobierno, pese a ser considerada la raíz del crimen organizado, según un análisis publicado por El Comercio. El último atentado en Trujillo, relacionado con la extracción ilegal de oro, evidencia la conexión entre ambas problemáticas, mientras el debate nacional se centra en la lucha contra el sicariato.
El análisis señala que ni el discurso presidencial del 28 de julio ni el debate sobre la delegación de facultades legislativas han abordado con énfasis la minería ilegal. Incluso, Roque Benavides, expresidente de la Confiep, habría solicitado incluir la ley MAPE y medidas para destrabar proyectos mineros entre las prioridades del Ejecutivo, según la publicación.
Presiones políticas y estrategias
El silencio del gobierno en torno a la minería ilegal sería estratégico, en un contexto de próximas elecciones en octubre y la búsqueda de aprobación de facultades legislativas. El análisis sostiene que la minería ilegal financia a gran parte de la clase política nacional, incluyendo a congresistas y gobernadores regionales, aunque no se precisan nombres ni montos específicos.
En ese marco, se registraron presiones contra ministros. Una moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, fue impulsada por un diputado liberteño de Juntos por el Perú (JP), en un aparente intento de frenar la estrategia militar en Pataz, epicentro de la minería ilegal. Según el análisis, las respuestas de Belaunde al atentado en Trujillo habrían dado argumentos a la izquierda antiminera.
De otro lado, el amago de interpelación al titular de Energía y Minas, Guillermo Shinno, fue interpretado como una presión política. Shinno aclaró que "no descarta una nueva ampliación del Reinfo", pero no para el 100% de los mineros informales, tras lo cual JP retiró la moción.
La ironía, según el análisis, es que el partido que controla la Comisión de Energía y Minas, a través de la diputada Yenifer Paredes, vinculada a Pedro Castillo, amenaza tácitamente con interpelar al ministro si no responde a sus presiones.
Impacto económico de la minería ilegal
Las ventas de la minería ilegal en el Perú habrían superado los US$10.000 millones durante el 2025, según diversas estimaciones recogidas por El Comercio. La cifra, que podría repetirse este año, equivale a la construcción de 70 centros comerciales de gran tamaño en un solo año y supera el valor anual de las agroexportaciones registrado en cualquier ejercicio previo a 2024.
El monto estimado coloca a la minería ilegal como una de las actividades económicas más lucrativas del país, pese a operar al margen de la ley. La comparación con sectores formales como la agroexportación evidencia la magnitud del fenómeno y su impacto en la economía nacional.
Las cifras, aunque no precisan una distribución exacta, sugieren que los fondos podrían alimentar redes de financiamiento ilegal, corrupción y economías paralelas en diversas regiones, aunque no se cuenta con datos oficiales que confirmen ese destino. La falta de datos oficiales desglosados impide determinar con exactitud el uso de esos recursos.
Las estimaciones para el presente año apuntan a que el monto podría mantenerse en niveles similares, lo que indicaría que la actividad ilegal no ha perdido dinamismo. Sin embargo, no se precisan factores que podrían influir en una variación, como cambios en los precios internacionales del oro o acciones de fiscalización.
Vínculos con el crimen organizado
El reciente secuestro en Trujillo de Jenss Marty Lara Tantaquilla, empresario minero en la provincia de Pataz, ocurrido la madrugada del domingo 30 de agosto, volvió a poner en el centro del debate las conexiones entre la minería ilegal y supuestas estructuras de poder, según informes policiales. Las autoridades atribuyen el hecho a bandas que disputan el control del oro en la región.
El nombre de Lara Tantaquilla no es ajeno a las investigaciones judiciales. En 2020, apareció en una investigación que terminó en un megaoperativo contra la organización criminal conocida como Los Topos del Frío, que según la tesis del Ministerio Público se dedicaba presuntamente a la extracción y comercialización ilegal de oro en la sierra de La Libertad, con ganancias que superaban los 12 millones de dólares mensuales.
Durante ese operativo, la policía detuvo a varios presuntos integrantes y colaboradores del grupo, e incautó nueve barras de oro, con un peso total de 121,2 kilogramos, listas para su exportación. El proceso judicial posterior reveló una extensa red de empresas que, de acuerdo con la fiscalía, funcionaban como fachada para el blanqueo del oro extraído de manera ilegal.
La empresa Matwork, vinculada a Lara Tantaquilla, fue incluida en la investigación por la presunta utilización de permisos de formalización minera para transportar y legalizar oro de procedencia ilícita. Según Mongabay Latam, Matwork figuraba inscrita en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), con concesiones en Chillá, y era señalada como una de las compañías usadas para dar apariencia de legalidad a cargamentos mineros.
Entre las pruebas destacadas por la fiscalía se encuentra el seguimiento realizado en 2019 al transporte de 90 toneladas de mineral aurífero desde Trujillo hasta una empresa exportadora en Piura. Informes periciales sustentaron la hipótesis de que supuestamente parte de este mineral no provenía de fuentes formales.
El proceso judicial, que se extendió entre 2020 y 2023, estuvo marcado por apelaciones y varias decisiones que favorecieron finalmente a las empresas reclamantes de la propiedad de las barras incautadas, según reportó La República.
La minería ilegal tiene un brazo político, uno social y uno delincuencial, y varias aristas que ameritan abordar un problema tan complejo como prioridad nacional. Lamentablemente, eso no parece estar ocurriendo, concluye el análisis.
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