A pocas semanas de las elecciones generales 2026, la Comisión Regional Anticorrupción desarrolló un espacio inédito en la región para que candidatos a senadores y diputados expongan sus propuestas en materia de lucha contra la corrupción. Sin embargo, la iniciativa dejó al descubierto una participación limitada: solo 13 postulantes acudieron, pese a que la convocatoria fue abierta para todos los inscritos.
Jeremías Rojas Velásquez, representante del Ministerio Público de Huánuco, precisó que el objetivo del evento no fue calificar ni evaluar a los candidatos, sino generar condiciones para que la ciudadanía acceda a información relevante antes de emitir su voto. Durante las jornadas, se formularon preguntas directas sobre integridad, gestión pública y compromisos anticorrupción, en un intento por centrar el debate en uno de los principales problemas estructurales del país.
En ese contexto, Rojas fue enfático al definir la corrupción como “la máxima traición a la confianza pública”, al señalar que implica el uso del poder para intereses particulares en perjuicio del bien común. Bajo esta premisa, subrayó que la elección de representantes al Congreso no solo es un acto político, sino una decisión que impacta directamente en la calidad de la democracia y la institucionalidad.
Baja asistencia
Pese al carácter abierto del evento, la ausencia de un número considerable de candidatos genera interrogantes sobre el nivel de compromiso de algunos postulantes con la transparencia y el escrutinio público. La participación parcial no solo debilita el alcance de este tipo de iniciativas, sino que también pone en evidencia una posible resistencia a abordar temas sensibles como la corrupción de manera directa.
Este escenario plantea una lectura crítica: mientras algunos candidatos optan por exponer sus propuestas y someterse a preguntas específicas, otros prefieren mantenerse al margen, lo que limita las posibilidades de comparación y evaluación por parte de la ciudadanía. En un contexto electoral donde la desconfianza en la política es creciente, estos espacios resultan claves para reconstruir vínculos entre representantes y electores.
A ello se suma una limitación institucional importante. Rojas aclaró que la Comisión Regional Anticorrupción tiene un rol estrictamente preventivo y no interviene en el proceso electoral ni en el filtrado de candidatos, función que corresponde al Jurado Nacional de Elecciones. Esta delimitación evidencia una tensión estructural: se promueve la transparencia, pero no se cuenta con mecanismos directos para excluir a postulantes cuestionados.
Corrupción estructural y el desafío de un voto consciente
El análisis del representante del Ministerio Público trasciende el evento y pone en evidencia un problema de fondo. La corrupción, junto con la inseguridad y la impunidad, es considerada un fenómeno estructural que afecta al Estado y debilita la confianza ciudadana en las instituciones. En este escenario, la elección de autoridades adquiere una dimensión crítica.
Rojas recordó que los futuros senadores y diputados ejercerán poder desde el Congreso, por lo que sus decisiones deben estar orientadas al respeto de la Constitución y al bienestar de la población. Sin embargo, la calidad de esa representación dependerá, en gran medida, del nivel de información y criterio del electorado.
Otro aspecto que limita el impacto de estas iniciativas es la falta de datos claros sobre cuánto conoce la ciudadanía a sus candidatos. Esta ausencia de diagnóstico impide medir si los espacios informativos realmente influyen en la decisión de voto, dejando abierta la interrogante sobre su efectividad.
En este contexto, el llamado es claro: fortalecer la cultura democrática a través de un voto informado, consciente y responsable. Aunque los esfuerzos institucionales avanzan en la promoción de transparencia, el desafío central sigue siendo superar las debilidades del sistema político y garantizar que la elección ciudadana contribuya a una gestión pública más íntegra.
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