El conflicto por el manejo del relleno sanitario de Chilipampa ya no enfrenta solo dos versiones sobre un incidente puntual, sino dos lecturas opuestas sobre la gravedad del problema. Lorenzo Silva, gerente de sostenibilidad ambiental de la Municipalidad Provincial de Huánuco, contradijo públicamente la evaluación del fiscal ambiental César Gonzales Ramos y sostuvo que la salida de lixiviados fue una contingencia controlada. La Fiscalía, en cambio, describió un escenario de abandono, residuos expuestos y deficiencias técnicas que, según su versión, comprometen la condición misma del lugar como relleno sanitario.
La defensa de Silva tiene un punto central que ordena toda su versión: el problema, según dijo, se explica por factores extraordinarios y no por un colapso del sistema. El funcionario atribuyó la contingencia a 45 días de lluvias continuas, recién cesadas hace casi una semana, y al bloqueo del ingreso de compactadoras y vehículos municipales entre el lunes y el miércoles o jueves de la semana pasada. “Quiero desmentir categóricamente... ha habido una sobrecarga de líquidos. Y eso ha hecho que se esté saliendo... Nosotros hemos tomado las prevenciones del caso y hemos descargado esas aguas de los lixiviados”, declaró.
Esa frase es clave porque fija el verdadero alcance de su defensa. Silva no niega que los líquidos hayan salido del comportamiento habitual del sistema; lo que rechaza es que ese episodio pruebe un descontrol mayor o una contaminación extendida. Según manifestó, la municipalidad respondió con bombeo, uso de cisterna y traslado de lixiviados a la celda dos. También sostuvo que el relleno sanitario aún no ha sido entregado de manera definitiva por el Ministerio del Ambiente y que la infraestructura se utiliza solo de manera parcial, un dato que desplaza parte del debate hacia las condiciones técnicas en las que el espacio empezó a operar.
La Fiscalía eleva la gravedad del caso
La lectura de César Gonzales Ramos cambia de escala el conflicto. Según el fiscal, en la diligencia realizada el último miércoles con participación del OEFA se constató basura expuesta a la intemperie, ausencia de soterramiento y fosas de lixiviados que habían llegado “hasta su reborde”. También advirtió que la recirculación de esos líquidos no se estaría ejecutando conforme a los protocolos técnicos exigidos para un relleno sanitario.
El fiscal añadió que el área de los tanques de PVC presenta deficiencias y fallas estructurales. Esa observación no describe solo una contingencia agravada por lluvias, sino una posible debilidad en la infraestructura misma. Por eso su frase más dura no se limita a cuestionar la operación diaria: Gonzales Ramos sostuvo que, si no se cumplen los protocolos técnicos ni existe un manejo profesional del lugar, Chilipampa “no tendría esta condición de un relleno sanitario”, sino la de un “botadero informal”.
La diferencia entre ambas versiones es, por eso, más profunda de lo que parece. Silva plantea que hubo una emergencia causada por lluvias intensas y bloqueo de vías, pero controlada dentro del propio sistema. La Fiscalía sostiene algo distinto: que el episodio reveló residuos sin soterrar, lixiviados al límite y fallas que no se explican solo por el clima. En otras palabras, mientras la municipalidad presenta el caso como una contingencia excepcional, el Ministerio Público lo lee como un síntoma de problemas más estructurales.
Lo que está en disputa ya no es solo una emergencia
Silva también negó que los lixiviados hayan llegado al río Higueras y rechazó las versiones que advertían una afectación fuera del área. “Hay algunos medios que están distorsionando... dicen que están llegando al río Higueras, y eso es totalmente falso”, afirmó. El fiscal, en cambio, advirtió que el alcalde tendría que adoptar medidas correctivas urgentes y señaló que, si la situación no se corrige, podría configurarse responsabilidad por negligencia inexcusable, además de eventuales implicancias para las áreas técnicas encargadas.
Con esos elementos, el caso Chilipampa dejó de ser solo un problema de limpieza pública. Lo que está en disputa es si Huánuco afrontó una contingencia ya contenida, como sostiene la municipalidad, o si opera sobre una infraestructura incompleta o debilitada que recién ahora exhibe fallas más severas de las admitidas oficialmente. La respuesta no dependerá ya del cruce de declaraciones, sino de lo que documenten la Fiscalía, el OEFA, el Minam y la propia comuna sobre el estado real de un relleno que hoy está más bajo sospecha que bajo control.
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