El general PNP José Luis Gonzales Quintero confirmó que la Policía Nacional dispuso seguridad personal permanente para el alcalde del distrito de La Morada, en la provincia de Marañón, Percy Soncco Trujillo, luego del atentado armado que sufrió cuando se dirigía a la ciudad de Huánuco. La medida fue adoptada tras la rápida intervención policial frente a un hecho que ha generado preocupación por la seguridad de las autoridades locales en un contexto preelectoral.
De acuerdo con la autoridad policial, el alcalde cuenta actualmente con resguardo en La Morada, en Tingo María y también durante sus desplazamientos hacia Huánuco, como parte de las acciones inmediatas activadas luego del ataque. Gonzales Quintero precisó que, apenas se tomó conocimiento del caso, se dispuso que la investigación quede a cargo de la Dirincri de Leoncio Prado, con el fin de esclarecer las circunstancias del atentado y dar con los responsables.
El jefe policial regional remarcó que este tipo de hechos exige una respuesta célere, más aún en una coyuntura marcada por la proximidad de procesos electorales, donde cualquier agresión contra una autoridad adquiere una connotación mayor. En esa línea, informó que él mismo se trasladó hasta Tingo María para reunirse con el alcalde agraviado, conocer de cerca lo ocurrido y supervisar personalmente las acciones policiales adoptadas tras el ataque.
El atentado contra Percy Soncco Trujillo ocurrió la noche del 26 de marzo, alrededor de las 11:50 p. m., cuando la autoridad edil se desplazaba por una zona agreste cercana a su jurisdicción, en ruta hacia Huánuco. Según el testimonio del propio alcalde y las primeras diligencias realizadas por la Policía, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron su camioneta en pleno trayecto.
Durante el ataque, uno de los ocupantes de la moto realizó un disparo directo hacia el lado del conductor. Pese a la gravedad del hecho, el alcalde no resultó herido y logró repeler la agresión utilizando un arma de fuego que portaba legalmente. Aunque el atentado no dejó víctimas fatales, el caso ha encendido las alertas por el nivel de exposición y riesgo que enfrentan algunas autoridades locales, especialmente en zonas alejadas y de difícil acceso.
La violencia del hecho ha puesto nuevamente en debate las condiciones de seguridad en las que se desplazan funcionarios y alcaldes distritales, sobre todo en territorios donde las distancias, la geografía y la limitada presencia estatal pueden incrementar su vulnerabilidad. En este caso, la reacción inmediata del alcalde evitó consecuencias mayores, pero la agresión dejó en evidencia la fragilidad del entorno en el que desarrollan sus funciones.
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