La crisis por el cierre del botadero de Chilipampa en Santo Domingo de Nauyán ha escalado a un escenario legal. El fiscal de Medio Ambiente, César González, advirtió que las personas que vienen bloqueando la vía podrían enfrentar penas no menores de seis años de prisión, al tratarse de un delito que afecta el libre tránsito y la salud pública. La autoridad señaló que los registros audiovisuales difundidos en medios servirán como pruebas para iniciar procesos penales si la medida persiste.
El pronunciamiento se da en un contexto de creciente acumulación de residuos sólidos en Huánuco, Amarilis y Pillco Marca, distritos que dependen de este botadero. Según datos técnicos, la ciudad genera alrededor de 200 toneladas de basura al día, cifra que puede incrementarse hasta en un 50% los fines de semana. Con el bloqueo en curso, ya se habrían acumulado más de 600 toneladas, lo que eleva el riesgo sanitario.
El fiscal indicó que, si bien se prioriza el diálogo como primera vía de solución, de no levantarse la medida de fuerza se procederá conforme a ley con la intervención de la Policía Nacional y la Fiscalía penal. En ese sentido, exhortó a los manifestantes a deponer el bloqueo y evitar consecuencias legales.
Protesta con reclamos legítimos
A pesar de la advertencia, González reconoció que la protesta de los pobladores de Santo Domingo de Nauyán tiene fundamentos. Señaló que existen compromisos asumidos por autoridades que no se han cumplido, especialmente en relación al mantenimiento y asfaltado de la vía de acceso al botadero.
El fiscal explicó que esta problemática viene siendo tratada desde hace tiempo en mesas de diálogo entre la municipalidad de Huánuco, el Gobierno Regional y la población. Sin embargo, reveló que la obra de asfaltado, que había sido planteada como solución urgente, actualmente sería inviable por razones técnicas. Esta situación, según indicó, debe ser comunicada de manera clara y transparente a la población para evitar mayores conflictos.
Asimismo, cuestionó la falta de claridad de las autoridades locales respecto al estado real de los proyectos. Señaló que los funcionarios deben informar con precisión sobre los avances o limitaciones, ya que la desinformación contribuye al malestar social. También se evidenció la ausencia de algunas autoridades en reuniones clave, lo que debilita los espacios de diálogo.
Riesgo de escalamiento
El escenario actual combina una crisis ambiental con un conflicto social en desarrollo. La acumulación de basura en la ciudad no solo afecta la limpieza urbana, sino que también representa un riesgo directo para la salud de la población, especialmente si la situación se prolonga.
El fiscal advirtió que, aunque el reclamo de los pobladores puede ser considerado legítimo, el bloqueo de vías no es una acción permitida por la ley. En ese sentido, reiteró que el Estado agotará el diálogo, pero no descartó medidas coercitivas si no se logra una solución.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades a asumir su responsabilidad con mayor transparencia y a la población a canalizar sus demandas por vías legales. La crisis en Chilipampa evidencia un problema más profundo: la falta de cumplimiento de acuerdos, la debilidad en la gestión pública y la creciente tensión entre legalidad y protesta social.
Mientras no se logre un acuerdo concreto, Huánuco enfrenta un doble riesgo: el colapso del sistema de residuos y la escalada de un conflicto que podría derivar en acciones legales y enfrentamientos.
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