El Gobierno de Keiko Fujimori declaró el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por 60 días calendario, ante la persistencia de la criminalidad y otras situaciones de violencia. La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 123-2026-PCM, establece nuevas acciones para combatir el delito y permite la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
La declaratoria ocurre en un contexto de violencia que continúa golpeando al país pese a las medidas de seguridad adoptadas. De acuerdo con información del Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF), durante el primer mes de la gestión de Fujimori se registraron 151 homicidios en el país. Del total, el 75,5% fue cometido con armas de fuego y Lima concentró 48 muertes, siendo la región con mayor número de casos.
¿Qué derechos se restringirán durante el estado de emergencia?
Durante los 60 días de vigencia de la medida, podrá restringirse o suspenderse el ejercicio de determinados derechos constitucionales, entre ellos la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.
La PNP será la encargada de determinar las zonas de intervención, principalmente sobre la base de información de inteligencia, indicadores de criminalidad, estadísticas y mapas del delito. Las Fuerzas Armadas también podrán participar en las acciones de seguridad, de acuerdo con las normas que regulan el uso y empleo de la fuerza.
Para las actividades religiosas, culturales, deportivas y otros eventos masivos y públicos será necesario solicitar autorización a las autoridades competentes. Las actividades que no tengan carácter masivo podrán realizarse sin permiso previo.
Gobierno también anuncia medidas en los penales
El decreto contempla acciones de control penitenciario y contra las telecomunicaciones ilícitas dentro de los establecimientos penitenciarios. Entre las medidas figura el apagón eléctrico de las celdas, manteniéndose únicamente la iluminación, así como el desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación instaladas ilegalmente.
Además, las fuerzas integradas tendrán a su cargo la vigilancia y sostenimiento del perímetro de los penales durante la emergencia. La norma dispone también que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) de Lima Metropolitana, el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec) del Callao y otros organismos vinculados a la política criminal permanezcan en sesión permanente mientras dure la medida.
Asimismo, se conformará el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), presidido por el comandante general de la Policía Nacional del Perú.
Medida cuestionada
La nueva declaratoria también llega después de que los gremios de transportistas cuestionaran la respuesta del Gobierno frente a la ola de extorsiones. La amenaza de un paro nacional en Lima y Callao, convocado para el 25 de agosto, evidenció el malestar del sector por los ataques que continúan afectando a conductores y empresas pese al despliegue policial y militar anunciado por el Ejecutivo.
Aunque la paralización fue desactivada tras acuerdos con el Gobierno, los dirigentes mantienen como principal reclamo la falta de resultados concretos frente al crimen organizado.
Contexto: otras declaratorias y cifras de homicidios
La medida se da a solo un mes de haber asumido la conducción del Estado peruano. Según el reporte del Sinadef, en lo que va del año se han registrado 312 homicidios, 134 de ellos en Lima. El mandato interino de José Jerí, culminado con una censura el 17 de febrero, llegó a registrar 722 homicidios, el mayor promedio diario de cualquier gobierno anterior.
El politólogo Martin Ueda señaló para La República que si bien el estado de emergencia permite controlar o dar cierto orden en las calles, no es el fin por el que se aplica una medida de este tipo. Colocó como ejemplo la ciudad de Trujillo, que lleva más de un año en estado de emergencia, sin resultados.
«El enemigo al cual se enfrentan no es un tipo de delincuencia como puede ser el pandillaje, sino son estructuras criminales que trabajan con cierto grado de inteligencia y atacan a blancos o personas, no de un momento a otro. Entonces, decir necesariamente que estas medidas de emergencia van a permitir controlar esto, la verdad es que no se va a lograr. Lo que sí tendría mejores resultados contra la inseguridad son otro tipo de decisiones de carácter estructural con un buen diseño de políticas públicas», apuntó.
Ueda agregó que el Gobierno y las autoridades deberían priorizar, por ejemplo, el ataque a las comunicaciones de los líderes de organizaciones criminales o desbaratar a los penales como centros logísticos del crimen. «Creo que es una fórmula fácil dentro del discurso político de muchas autoridades, pedir o solicitar una ampliación de estado de emergencia, independientemente de la ideología que cada uno tiene», sostuvo.
En declaraciones anteriores, el exministro del Interior Wilfredo Pedraza calificó de un fracaso total el estado de emergencia establecido por José Jerí, ya que no se logró reducir las extorsiones ni los homicidios. «La ciudadanía no notará ningún cambio sustantivo entre hoy y mañana, ya que ninguna medida ha funcionado para reducir la criminalidad», sostuvo en la quincena de enero.
Postura del Ministerio del Interior y facultades legislativas
El ministro del Interior, César Astudillo, respaldó la medida al precisar que el estado de excepción permitirá dar continuidad ininterrumpida a las intervenciones conjuntas del personal policial y militar. Además, el titular del sector confirmó que el Poder Ejecutivo presentará formalmente ante el Congreso de la República un pedido de facultades legislativas con la finalidad de otorgar un marco normativo que amplíe la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna.
La norma también contempla la creación de un Comité de Inteligencia encargado de coordinar acciones entre la policía y las fuerzas armadas, integrado por funcionarios del sistema de inteligencia, del área de finanzas, del servicio penitenciario y miembros de las fuerzas de seguridad. Se prevé el uso de tecnología avanzada para potenciar las operaciones: un sistema que interconectará cámaras de seguridad, drones, plataformas satelitales y algoritmos de reconocimiento facial.
La declaratoria de emergencia plantea así una nueva respuesta del Ejecutivo frente a la inseguridad. No obstante, sus resultados serán puestos a prueba por una criminalidad que continúa dejando víctimas y que sigue activa.
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