El Gobierno declaró el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por 60 días, con el objetivo de enfrentar la criminalidad y otras situaciones de violencia que afectan la seguridad ciudadana. La medida, oficializada mediante un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, contempla la restricción o suspensión de derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales, conforme al artículo 137 de la Constitución.
Durante la vigencia de la medida, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo deberán contar con autorización previa de las autoridades competentes, según lo establecido en el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM. Las actividades de menor escala podrán realizarse sin autorización.
Comando de Coordinación Operativa Unificada
Para ejecutar las acciones, se crea el Comando de Coordinación Operativa Unificada, presidido por el comandante general de la PNP e integrado por representantes de las Fuerzas Armadas, inteligencia, gobiernos locales, Ministerio Público, Poder Judicial y otras entidades. Este comando dirigirá las acciones destinadas a restablecer y mantener el orden interno y reducir los índices de criminalidad.
Asimismo, funcionarán comités especializados de coordinación distrital, inteligencia, fiscalización y comunicación estratégica. El Comité de Inteligencia empleará información policial, penitenciaria y financiera, además de videovigilancia, drones, sistemas satelitales y herramientas de inteligencia predictiva.
Medidas operativas y fortalecimiento judicial
Entre las medidas previstas figuran patrullajes permanentes, controles de identidad, operativos contra armas y explosivos ilegales, recuperación de espacios públicos y fiscalización de mercados vinculados con actividades criminales, como la trata de personas, drogas, armas, chips telefónicos y autopartes ilegales.
La norma también establece acciones para fortalecer la respuesta del Ministerio Público y el Poder Judicial, así como medidas de seguridad para fiscales y jueces que intervengan en casos de criminalidad. Al concluir el estado de emergencia, el Comando deberá presentar un informe sobre los resultados obtenidos y formular las recomendaciones correspondientes.
Antecedentes de estados de emergencia en Lima y Callao
En octubre de 2025, el Gobierno de José Jerí declaró el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 30 días, según Infobae, mediante el Decreto Supremo N° 124-2025-PCM. En esa ocasión, se establecieron medidas como la restricción de visitas en penales, el apagón eléctrico de celdas y el desmontaje de antenas ilegales, así como la conformación de comités de coordinación.
Posteriormente, en diciembre de 2025, el Gobierno prorrogó la medida por 30 días adicionales, según Canal N, mediante el Decreto Supremo 140-2025-PCM. Durante esa prórroga, la PNP mantuvo el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas, y se mantuvieron las restricciones constitucionales y la exigencia de permisos para eventos masivos.
En un antecedente previo, según RPP Noticias, el Gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días en Lima y Callao, con medidas similares, incluyendo la creación del Comando de Coordinación Operativa Unificada, la facultad de los municipios para contratar serenos con experiencia en Fuerzas Armadas o policiales, y disposiciones como el apagón eléctrico de celdas y el uso de imágenes satelitales de la Agencia Espacial del Perú (Conida).
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