El empresario argentino Damián Alejandro Valenzuela Mayer, vinculado a Keiko Fujimori por una presunta relación sentimental, envió una carta notarial al semanario 'Hildebrandt en sus Trece' y a Eloy Marchán exigiendo la rectificación de afirmaciones que considera falsas sobre su trayectoria empresarial. La misiva advierte con iniciar acciones legales en el Perú si su pedido no es atendido dentro de los plazos establecidos.
El reclamo responde a un reportaje publicado en la edición N.° 794 del semanario, del 21 de agosto de 2026, y a posteriores publicaciones digitales. La defensa de Valenzuela cuestiona que se haya afirmado la existencia de "varias sentencias por estafa" sin identificar cada resolución judicial que supuestamente acreditaría esas condenas.
Exige precisión sobre supuestas sentencias
La carta notarial solicita que se detalle, para cada supuesta sentencia, información como país, tribunal, número de expediente, fecha de la resolución, delito imputado, decisión judicial, estado de firmeza y una copia del documento. Según Valenzuela, las afirmaciones deben contar con respaldo en documentación judicial; de no existir las sentencias mencionadas, exige que rectifiquen la información.
Cuestiona la naturaleza de los procesos
La representación de Valenzuela sostiene que determinados procedimientos judiciales en Estados Unidos tendrían carácter civil y comercial, por lo que no pueden presentarse como condenas penales por estafa. La defensa cuestiona que una controversia comercial, una alegación de fraude o un incumplimiento contractual se presenten como una responsabilidad penal establecida judicialmente. También señala que una mediación no equivale a una confesión, y que ser demandante en un proceso civil no convierte automáticamente en víctima de un delito.
La carta también observa el uso del término "víctimas" para referirse a personas relacionadas con determinadas controversias, al considerar que esa denominación no corresponde si no existe una resolución penal que establezca la comisión de un delito. Además de exigir precisiones, Valenzuela reclama que retiren y rectifiquen las afirmaciones en los mismos espacios donde fueron difundidas.
Advierte con querella por difamación agravada
La representación legal sostiene que las publicaciones habrían afectado su honor, reputación e imagen personal y profesional, por lo que deja abierta la posibilidad de iniciar acciones civiles por daños y perjuicios. El documento también cuestiona la metodología de la investigación atribuida a Eloy Marchán, quien habría contactado a terceros relacionados con controversias civiles y usado la categoría de "víctimas" antes de culminar la investigación.
La defensa precisa que Valenzuela recibió la oportunidad de brindar su versión antes de la publicación, y que su reclamo no busca cuestionar la libertad de prensa, sino la forma en que se presentaron determinadas controversias empresariales.
El empresario sostiene que las afirmaciones cuestionadas podrían configurar, prima facie, el delito de difamación agravada. Si los responsables no atienden los requerimientos dentro del plazo establecido, su representación anuncia que presentará una querella penal en el Perú contra César Hildebrandt y Eloy Marchán.
Hasta el momento, el semanario no ha emitido una respuesta pública sobre la carta notarial. El caso queda a la espera de que se cumpla el plazo señalado para la rectificación, tras lo cual se definirá si Valenzuela formaliza la querella ante los tribunales peruanos.
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