Las investigaciones de la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú (PNP) continúan arrojando detalles sobre la presunta red de prostitución vinculada al Congreso, un escándalo que salió a la luz tras el asesinato de la abogada Andrea Vidal Gómez, de 27 años. La joven fue acribillada mientras viajaba en un taxi en el distrito de La Victoria, en un ataque que también dejó sin vida al conductor del vehículo.
Según un informe de Hildebrandt en sus trece, citado por Luis Paucar en Infobae, en el automóvil donde ocurrió el crimen se hallaron dos celulares marca iPhone. Uno de ellos, de uso personal de Vidal, estaba bloqueado con una clave de seguridad, lo que dificultará el acceso a su contenido por parte de los investigadores. “Por la marca y el modelo del celular, los investigadores han señalado que será muy complicado acceder a todo el contenido del dispositivo”, señaló la publicación.
El segundo celular pertenecía a Rodrigo Falcón, pareja de Vidal. Este dispositivo fue entregado de forma voluntaria a la Policía por el propio Falcón el mismo día del asesinato. Según los agentes, “la línea telefónica fue activada a las 2 de la tarde, y Vidal comenzó a intercambiar mensajes con diferentes números”.
Mensajes de carácter sexual
Las pesquisas revelaron que, horas antes de su muerte, Vidal mantuvo conversaciones de carácter sexual con al menos cuatro personas, una de ellas su novio. Entre los interlocutores se identificó un número extranjero, procedente de Colombia. Falcón describió las interacciones como un “juego sexual” y aseguró que se trataba de bromas destinadas a “fastidiar a otras personas”.
En uno de los mensajes, Vidal preguntó a uno de los interlocutores: “¿Vas a alquilar el Airbnb?”, una referencia a los lugares donde se organizaban las reuniones supuestamente gestionadas por Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal del Congreso y principal sospechoso en el caso.
Involucramiento de Torres Saravia
La policía también vinculó a Torres Saravia con un vehículo marca Hyundai de placa T4U520, que fue llevado al depósito municipal en enero de 2023 tras cometer una infracción de tránsito en San Isidro. Curiosamente, la dirección donde se cometió la falta coincide con la ubicación de las reuniones privadas que él organizaba, según las investigaciones.
El rol de Isabel Cajo
Otra figura clave en este caso es Isabel Cajo, excolaboradora parlamentaria y vinculada a las actividades de la red. Según un informante que prefirió mantener el anonimato, Cajo no solo publicaba contenido para adultos en OnlyFans, sino que también participaba en exclusivas fiestas privadas conocidas como “Bunker Party”, “Golden” y “Sabías Party”.
“Se pagaba 100 soles para ingresar, y la lista de chicas que asistían te la pasaban en un catálogo. En la fiesta, podías acordar un monto con una de las chicas y alquilabas una habitación”, declaró el informante.
Además, Cajo utilizaba el aplicativo Glambu, una plataforma para encuentros privados, bajo el seudónimo “Emilia”. “En la aplicación quería 400 soles por un encuentro, pero con ella llegamos a un acuerdo de 300 soles”, añadió.
El informante también entregó evidencia que incluye el número de teléfono vinculado a Cajo: “El número que proporcionó fue +51 902 261 751, con el nombre ‘Emilia Glambu’”, aseguró. La revista corroboró esta información, constatando que el número estaba asociado a la exfuncionaria, quien posteriormente cambió de contacto tras reportar un asalto en Magdalena el 27 de diciembre.
Videos y pruebas adicionales
Voceros de la comisaría de Magdalena confirmaron que existen más de una hora de videos captados por cámaras de seguridad de la zona donde Cajo denunció el supuesto asalto. Sin embargo, “las imágenes no muestran a ninguna persona sorprendida ni en alerta, por lo que no se pudo confirmar un robo”, indicaron las autoridades.
Teorías sobre las muertes
El presidente de la Comisión de Fiscalización señaló que los asesinatos de Nilo Burga y Andrea Vidal podrían haber sido intentos deliberados de “silenciar testigos clave” en la investigación. Aunque no se han presentado pruebas concluyentes, las circunstancias del caso y los vínculos de las víctimas con figuras públicas han generado sospechas sobre un intento de encubrimiento.
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