En Diario Ahora consideramos inaceptable que Huánuco, Amarilis y Pillco Marca sigan esperando una planta de tratamiento que, después de casi ocho años, carece de financiamiento y terreno. Una ciudad no puede organizar su futuro alrededor de expedientes que envejecen. Tampoco merece acostumbrarse a que los proyectos esenciales sobrevivan únicamente en los registros públicos.
Conviene ser precisos: los 203,6 millones de soles corresponden al costo del proyecto, no a dinero cuya desaparición esté acreditada. Confundir ambas cosas debilitaría cualquier reclamo. La ficha del MEF expone una situación suficientemente grave: el préstamo está cancelado, no existe terreno disponible y tampoco se registra un expediente técnico. Hay una promesa pública sin condiciones para cumplirse.
El gasto de 190.479 soles en casi ocho años retrata una distancia enorme entre lo previsto y lo ejecutado. Pero reducir el problema a un porcentaje sería quedarse corto. Detrás de ese estancamiento están tres distritos para los cuales el tratamiento de aguas residuales sigue siendo una tarea pendiente. La espera también merece rendición de cuentas.
Nos preocupa, además, cómo se llegó hasta aquí sin resolver dónde construir. Las restricciones del humedal El Totoral y la cercanía del aeropuerto no son obstáculos menores. Proteger ese ecosistema y atender el saneamiento no deberían convertirse en demandas enfrentadas. Buscar una alternativa es trabajo de las autoridades; trasladar el problema a los vecinos no es una salida.
La cancelación del préstamo exige respuestas concretas del Ministerio de Vivienda, encargado del proyecto. ¿Por qué se perdió ese financiamiento? ¿Qué decisiones se adoptaron para evitarlo? El Gobierno Regional también debe explicar sus gestiones sobre el terreno.
Cada entidad tiene que responder por su parte, con documentos y fechas, sin esconderse detrás de la complejidad del trámite. Los vecinos no tendrían que convertirse en especialistas en presupuesto para obtener una respuesta sobre su obra.
No pedimos una ceremonia ni otro anuncio de buena voluntad. Pedimos una ruta verificable: ubicación viable, estudios vigentes, financiamiento confirmado y responsables identificados. Mantener fechas de ejecución entre 2027 y 2030 mientras faltan condiciones elementales no devuelve credibilidad al proyecto. El calendario administrativo necesita corresponderse con decisiones reales, no ofrecer una apariencia de avance.
La desactivación de la otra inversión de agua potable, por más de 103 millones de soles, vuelve todavía más urgente esa revisión. Son proyectos distintos y no deben confundirse, pero ambos obligan a preguntarse qué capacidad existe para sostener obras indispensables. Empezar nuevamente por el canal de conducción no exime de explicar qué ocurrirá con lo demás.
Defenderemos una salida técnicamente seria y una fiscalización que no dependa del color político de los involucrados. Aquí no corresponde fabricar culpables, pero tampoco aceptar que nadie responda. Los vecinos tienen derecho a saber qué puede hacerse, cuánto demorará y quién asumirá el compromiso. Ocho años después, esa explicación ya no admite otra postergación.
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