Nueve mujeres quedaron comprendidas en una investigación tras ser halladas presuntamente ofreciendo y comercializando chips de telefonía móvil de manera irregular en una de las zonas más transitadas de Huánuco, una actividad que, según la información oficial, estaría vinculada a la obtención indebida de líneas que luego podrían ser utilizadas en delitos como la extorsión.
El caso salió a la luz la mañana del 10 de marzo de 2025, en las inmediaciones de los jirones San Martín y Ayacucho, en pleno centro de la ciudad. En ese punto, las implicadas habrían sido detectadas cuando realizaban labores de captación de personas en la vía pública para ofrecerles tarjetas SIM de la empresa Bitel, en una modalidad informal que ahora es materia de investigación.
De acuerdo con el reporte oficial, varias de las involucradas quedaron detenidas y otras retenidas mientras se desarrollaban las diligencias iniciales. La razón de esta medida no responde únicamente a la venta ambulatoria, sino a la presunta comisión de conductas tipificadas en el Código Penal, entre ellas la posesión ilegítima de una SIM card u otro medio activado asociado a una línea de servicio móvil, así como la comercialización ilegal de servicios públicos móviles.
Equipos e indicios bajo análisis
Durante el desarrollo del caso se incautaron 24 chips y tres lectoras de huella dactilar, equipos que presuntamente eran utilizados para registrar usuarios y activar líneas en el acto. Este detalle ha encendido las alertas, debido a que la activación irregular de números telefónicos se ha convertido en una de las rutas empleadas para dotar de anonimato a personas o redes vinculadas a hechos delictivos.
De acuerdo con fuentes del sector, la venta informal de chips no solo representa una infracción en el ámbito comercial, sino también un riesgo para la seguridad pública, debido a que una línea obtenida fuera de control puede terminar siendo usada para amenazas, fraudes, cobros extorsivos o suplantaciones de identidad. Por ello, este tipo de casos suele ser observado con especial atención por las autoridades encargadas de investigar delitos de mayor impacto.
La información también precisa que, antes de concretarse las detenciones y retenciones, las actividades atribuidas a las investigadas habían sido registradas en audio y video, elemento que ahora formaría parte del sustento de las diligencias en curso.
Desde la dependencia local, encabezada por el comandante Gustavo Augusto Palacios Astete, se informó del caso en medio de una creciente preocupación por el mercado informal de líneas móviles y su posible conexión con amenazas, cobros extorsivos y otros ilícitos.
Ahora, la investigación deberá establecer si las mujeres actuaban de manera coordinada, cuál era el verdadero alcance de la presunta red y si detrás de esta actividad existía una estructura destinada a colocar líneas telefónicas al margen de la ley.
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