Diario Ahora reconoce el derecho de los agricultores arroceros a reclamar atención del Estado frente a una crisis real de precios, deudas y abandono acumulado. Pero ese derecho pierde legitimidad cuando el bloqueo de carreteras termina imponiendo el costo del conflicto a trabajadores, pacientes, transportistas, estudiantes y familias que nada decidieron sobre la política agraria.
El Gobierno ha anunciado S/ 150 millones para atender al sector: S/ 100 millones para compras directas de arroz y S/ 50 millones para descolmatación. La medida puede aliviar una emergencia inmediata, pero abre una pregunta incómoda: ¿qué garantía tiene el país de que el mismo conflicto no se repetirá el próximo año, o que otro sector no bloqueará vías para exigir que el Estado compre su producción?
Ese es el punto central. Si el mensaje final es que una carretera cerrada consigue presupuesto, entonces el Estado no habrá resuelto una crisis: habrá creado un incentivo peligroso. Hoy pueden ser arroceros; mañana, productores de papa, café, maíz, cacao o cualquier otro rubro golpeado por precios bajos, intermediarios o contrabando. El Perú no puede organizar su política pública bajo la lógica del bloqueo.
El problema arrocero exige soluciones estructurales: padrones reales, compras transparentes, control del contrabando, asociatividad, acceso a crédito, asistencia técnica y mercados estables. Comprar arroz sin corregir esas fallas solo trasladaría el problema al siguiente ciclo agrícola. El pequeño productor necesita una política agraria seria, no una respuesta de emergencia arrancada bajo presión vial.
También corresponde decirlo con claridad: bloquear una carretera no es una medida inocua. En Aucayacu, un joven motociclista murió tras chocar contra un camión varado en medio de la huelga. La investigación deberá determinar responsabilidades, pero el hecho expone una verdad dura: cuando una vía se convierte en campo de presión política, la vida cotidiana queda sometida al riesgo.
El Estado debe dialogar, pero no abdicar. Debe atender al agricultor, pero también proteger el libre tránsito. Debe comprar si corresponde, pero con reglas verificables y no como premio automático a la interrupción del país. La autoridad que cede sin condiciones compra paz por unos días y siembra conflictos para los próximos años.
Huánuco y el Perú necesitan una salida responsable. El reclamo agrario merece escucha; el ciudadano atrapado en la carretera también merece respeto. La política no puede seguir funcionando como una pulseada donde gana quien bloquea más tiempo. Si el Gobierno paga sin reforma, sin padrón confiable y sin garantías, la próxima crisis ya no será una sorpresa: será una consecuencia anunciada.
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