La paralización de una investigación por presunta colusión agravada vuelve a generar cuestionamientos en Leoncio Prado. El caso, vinculado a la obra de ampliación y mejoramiento del sistema integral de agua potable y alcantarillado de la zona urbana de Rupa Rupa, involucra a exfuncionarios municipales, una empresaria contratista y al actual alcalde provincial, Marx Enderson Fuentes Reynoso.
Uno de los puntos más sensibles del expediente es la situación de Leonarda Fátima Bernal Pineda, representante de la empresa Ale Contratista, quien llegó a figurar en el programa “Los más buscados” del Ministerio del Interior por este caso. Su inclusión en dicha lista evidenció la gravedad que alcanzó la investigación y la necesidad de que las autoridades esclarezcan responsabilidades.
Según la tesis fiscal, exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado habrían concertado con la representante de la contratista para favorecer pagos adelantados dentro de la ejecución de la obra. Entre los investigados figuran Alexander Walter Espinoza Mendoza, Juan Andrés Robles Cotillo, Imer Alfonso Haro Venturo, Marx Enderson Fuentes Reynoso y José Luis Villavicencio Guardia.
El proyecto fue adjudicado en 2011 bajo causal de emergencia, lo que permitió exonerar el proceso de selección y otorgar la buena pro a la empresa Ale Contratista. El contrato fue suscrito por más de 82 millones de soles, con un plazo de ejecución de 480 días calendario. Sin embargo, el expediente técnico definitivo elevó el presupuesto a más de 86 millones de soles.
A pesar de la magnitud económica y social del proyecto, la obra quedó paralizada, generando malestar entre la población tingalesa, que aún espera una solución definitiva a los problemas de saneamiento.
La Fiscalía informó en noviembre de 2021 la conclusión de la investigación preparatoria. Desde entonces, según la información del caso, no se habrían registrado avances procesales relevantes, pese a que correspondía emitir acusación o solicitar el sobreseimiento.
La demora abre un nuevo debate sobre la eficacia del sistema de justicia frente a casos de presunta corrupción vinculados a obras públicas. Mientras no exista una decisión fiscal o judicial definitiva, los investigados mantienen la presunción de inocencia.










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