La justicia puso nombre y condena a un caso que desnuda el rostro más crudo de la trata de personas en Huánuco. Edilberta Santamaría y Rosalina Santamaría fueron sentenciadas a 12 años de prisión efectiva tras ser halladas responsables de captar y explotar a dos menores de edad en locales clandestinos del pasaje San Martín y el jirón Pedro Barroso, según la sentencia judicial.
Las víctimas, identificadas con las iniciales L.Z.C., de 17 años, y S.A.A.V., de 15, fueron trasladadas en 2023 aprovechando su vulnerabilidad económica. De acuerdo con la acusación fiscal, las adolescentes fueron obligadas a realizar labores domésticas, vender bebidas alcohólicas y brindar compañía a clientes para aumentar el consumo dentro de los inmuebles intervenidos.
La condena fue obtenida por el fiscal adjunto provincial Walter Iván Alvarado Mendieta, de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Trata de Personas de Huánuco. El despacho fiscal acreditó ante el juzgado la captación, el traslado y el contexto de explotación mediante actas policiales, entrevistas en Cámara Gesell, pericias psicológicas, informes antropológicos y declaraciones testimoniales.
El operativo que destapó el caso
La intervención policial se ejecutó el 9 de septiembre de 2023, cuando las autoridades rescataron a las menores en medio de un escenario marcado por el expendio de alcohol y la presencia de clientes. Según el Ministerio Público, ese operativo permitió reunir evidencia clave para sostener que no se trataba de una simple ayuda doméstica, sino de una estructura de explotación.
El juzgado también fijó una reparación civil solidaria de S/ 5,000 a favor de las agraviadas: S/ 2,500 para cada una. La sentencia alcanza a ambas hermanas como coautoras del delito de trata de personas agravada, una figura penal que castiga la captación y explotación de víctimas en situación de vulnerabilidad.
El Ministerio Público señaló que el caso confirma la necesidad de perseguir con mayor firmeza los circuitos clandestinos donde menores de edad son enganchadas con falsas promesas de trabajo. En Huánuco, la sentencia deja una advertencia directa: detrás de un bar informal puede esconderse una red de explotación.
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