Una operación de interdicción contra actividades mineras que, según las autoridades, se desarrollan sin autorización y generan impactos ambientales se ejecutó en Choccoyo, distrito de Colquemarca, en las alturas de la provincia de Chumbivilcas, Cusco. Efectivos policiales ubicaron maquinaria pesada utilizada para esas labores y destruyeron algunas unidades, entre ellas una excavadora que aparece incendiándose en imágenes difundidas del operativo.
En la misma intervención, los agentes intervinieron y destruyeron lavaderos de mineral y pozas de lixiviación donde, de acuerdo con la versión oficial, se procesaba material sin autorización. La escena difundida muestra una detonación y, a pocos metros, la excavadora en llamas entre montículos de tierra, mientras varias personas se acercan al punto de la explosión.
Diligencias de interdicción y rol de las autoridades
En los operativos de interdicción contra la minería ilegal, la Policía Nacional cumple la función de ubicar y neutralizar la maquinaria y la infraestructura empleada en la actividad, mientras el Ministerio Público conduce la investigación preliminar y dispone las diligencias. La destrucción de equipos y pozas de procesamiento es una de las medidas contempladas en estos procedimientos cuando se determina que la actividad carece de autorización.
Las operaciones de este tipo buscan, entre otros objetivos, evitar que continúe la contaminación del río Sainata, afluente del Velille, y de otros pequeños cursos de agua afectados por las actividades de extracción y procesamiento de oro y cobre en la zona.
La actividad creció en Choccoyo desde 2022
La actividad minera informal e ilegal comenzó a crecer en Choccoyo desde 2022. En esta zona se extrae oro y cobre mediante labores en socavones y operaciones a cielo abierto. El crecimiento se produjo después de la pandemia: algunos de los mineros que llegaron al lugar habían trabajado antes en La Rinconada, en Puno; Caravelí y Secocha, en Arequipa; y La Pampa, en Madre de Dios. Al regresar a sus comunidades, empezaron a abrir socavones y a remover grandes cantidades de tierra en busca de mineral.
El avance de esta actividad también se observa en la ruta hacia Santo Tomás, capital de Chumbivilcas. La carretera atraviesa el corredor minero del sur, utilizado por grandes empresas como Las Bambas para transportar minerales hacia el puerto de Matarani. A ambos lados de la vía se observan extensos montículos de tierra removida.
Una investigación periodística publicada en 2024 reveló que la extracción puede resultar más rentable que otras actividades económicas de la zona. Una tonelada de material que contiene un gramo de oro puede alcanzar un valor de entre S/ 100 000 y S/ 120 000. Si contiene medio gramo, su valor puede llegar a unos S/ 60 000. El auge de la actividad minera también ha cambiado el paisaje urbano de Colquemarca, que se ha expandido con nuevas construcciones de fierro, cemento y ladrillo.
Cuestionamientos de un sector de pobladores
El operativo también ha generado cuestionamientos entre algunos pobladores de Chumbivilcas. Un sector considera que estas acciones afectan principalmente a pequeños mineros y mineros artesanales y acusa al Gobierno de criminalizar esta actividad.
“La minería artesanal ya sufre consecuencias del gobierno de Keiko Fujimori”, escribió en sus redes sociales Cayo Huaytani Valencia, exdirigente social de Chumbivilcas.
Antecedentes: incautación de explosivos en Colquemarca
En un operativo previo en la comunidad campesina de Unupulla, en el distrito de Colquemarca, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) incautó aproximadamente 5.7 toneladas de materiales explosivos, según informó RPP Noticias. La intervención se realizó con la colaboración de la Policía Nacional, mediante la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), y el Ministerio Público.
- 200 cajas de emulsión (5 toneladas)
- Cuatro cajas de dinamita (100 kilos)
- 26 cajas de mecha (572 kilos)
- Una caja de fulminantes (17 kilos)
- Dos cajas de cordón detonante (10 kilos)
Durante la inspección, las autoridades determinaron que el polvorín no contaba con la autorización vigente de la Sucamec para almacenar estos productos y que explosivos y accesorios de voladura se encontraban almacenados de forma conjunta, lo que incumplía las condiciones de seguridad. Según la PNP, la zona donde fue encontrado el material corresponde a un área de alta incidencia de minería informal e ilegal. Tres personas fueron detenidas durante la intervención y puestas a disposición de las autoridades competentes, y el material incautado fue trasladado a Cusco bajo las medidas de seguridad correspondientes.
“Estas acciones permiten retirar del circuito irregular materiales que podrían terminar siendo utilizados en actividades vinculadas a la minería ilegal. En este caso, se identificaron que estaban almacenados en condiciones que no correspondían a las exigencias de seguridad”, sostuvo el superintendente nacional de la Sucamec, Eswin Manay Guerrero.
Las investigaciones por ese caso se encuentran a cargo de la PNP y el Ministerio Público.
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