Un operativo conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) en la región Madre de Dios representó un golpe económico de S/ 13.3 millones contra las organizaciones dedicadas a la minería ilegal, según informó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Las acciones estuvieron a cargo del Comando Operacional del Sur, que realizó operaciones helitransportadas de interdicción en los sectores de Platanal 1 y 2, Tambopata y Barrial 2, ubicados en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata. Estos lugares fueron identificados como zonas donde se desarrollaban actividades relacionadas a la extracción ilegal de minerales.
Durante la intervención, las fuerzas del orden afectaron campamentos, balsas draga, motores, vehículos, combustible y diversos equipos empleados para esta actividad ilícita. Según el Comando Conjunto, la operación también contribuyó a la protección de la Amazonía.
El avance de la minería ilegal en cifras
La minería ilegal en Perú generó ingresos por USD 3.355 millones entre octubre de 2024 y octubre de 2025, según cifras de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recogidas por el Observatorio de Minería Ilegal. La UIF, adscrita a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, señaló que esta actividad se ha consolidado como una de las principales fuentes de alertas dentro del sistema financiero nacional.
El Observatorio advirtió que la minería ilegal de oro está presente en nueve regiones del país, impactando a 73 comunidades nativas y más de 250 ríos y quebradas. En la última década, se registró una expansión significativa en cuencas de Loreto, Ucayali y Madre de Dios, extendiéndose además a zonas fronterizas compartidas con Colombia y Brasil.
Madre de Dios se mantiene como el epicentro, con 139.169 hectáreas deforestadas por minería artesanal y de pequeña escala, lo que representa el 97,5 % del total en la Amazonía peruana. Allí, el número de dragas pasó de 140 en 2021 a 1.613 en 2025, con una participación estimada de 6.400 mineros ilegales.
La alerta también se extiende a regiones donde antes no era común esta actividad. En Loreto y Huánuco, la deforestación por minería ilegal se triplicó en un año, pasando de 558 hectáreas en 2024 a 1.700 hectáreas en 2025.
Otro punto crítico es la contaminación por mercurio, sustancia altamente tóxica utilizada en la extracción de oro. Ríos como el Napo, Nanay, Putumayo, Curaray, Yaguas, Puré y Japurá presentan signos evidentes de contaminación, pérdida de hábitat y alteraciones geomorfológicas, afectando la salud de las poblaciones locales, especialmente de comunidades indígenas.
En julio de este año, el canciller peruano Elmer Schialer advirtió que la minería ilegal mueve siete veces más dinero que el narcotráfico en el país, y subrayó la necesidad urgente de formalizar la actividad minera.
Un problema que se extiende más allá de la Amazonía
El avance de la minería ilegal ha dejado de ser un problema exclusivamente ambiental para convertirse en una amenaza estructural al Estado de derecho, según un análisis de Infobae. En ese escenario, la congresista Diana Gonzáles, representante de Avanza País y candidata a la reelección, presentó un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones políticas contra quienes resulten sentenciados por este delito.
La iniciativa, registrada como Proyecto de Ley N° 13835/2025-CR, propone modificar el artículo 19 del Reglamento del Congreso para que los parlamentarios condenados por minería ilegal pierdan de manera definitiva su escaño, sin posibilidad de reemplazo por un accesitario del mismo partido, aplicando la figura conocida como la “silla vacía”.
El Instituto Peruano de Economía (IPE) advierte que entre enero de 2021 y marzo de 2024 la minería ilegal provocó la deforestación de 30.846 hectáreas en la Amazonía sur. Conservación Amazónica–ACCA reporta que esta actividad se ha extendido a nueve regiones, perjudicando a 73 comunidades nativas y a más de 250 ríos y quebradas.
En Loreto, cuencas como Nanay, Chambiras, Yaguas y Tigre registraron hasta 42 dragas activas en un solo día y 688 en el año. En Huánuco, la deforestación vinculada a este delito se triplicó en un año, pasando de 558 hectáreas en 2024 a 1.700 en 2025.
Marco legal y sanciones
La minería en el Perú está regulada por el Decreto Supremo 014-92-EM, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería. La norma establece que los recursos minerales pertenecen al Estado y que su aprovechamiento por los particulares se realiza mediante concesiones. Para que una actividad se califique como formal, el titular debe obtener los títulos habilitantes antes de operar.
El Gobierno endureció las penas contra la minería ilegal con un nuevo Decreto Legislativo que modifica los artículos 307-A, 307-E y 307-F, e incorpora el artículo 307-G, reforzando el marco penal aplicable a toda la cadena delictiva, desde la extracción sin autorización hasta el tráfico de insumos, maquinaria y recursos minerales de origen ilícito. En el caso del delito de minería ilegal (artículo 307-A), se mantiene una pena de cinco a ocho años de prisión.
Según el Observatorio de Minería Ilegal, “a pesar de los esfuerzos de algunos sectores del Estado, comunidades y sociedad civil por detenerla, la minería ilegal continúa expandiéndose en un contexto de débil fiscalización y retrocesos normativos, con graves consecuencias para la salud, los ecosistemas y la gobernanza del país”.
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