La parlamentaria Patricia Chirinos, miembro del partido Avanza País, ha interpuesto una denuncia ante el Ministerio Público acusando a jueces de la Tercera Sala Constitucional de presunto abuso de autoridad y prevaricato. Esta acción legal se desencadenó tras una polémica decisión judicial que ordenaba al Congreso suspender provisionalmente los efectos del informe final de la Comisión de Justicia y todos los procedimientos relacionados.
El conflicto surge en un contexto de tensión entre los poderes del Estado peruano. Chirinos, en una manifestación a través de sus canales de comunicación oficiales, calificó la medida cautelar otorgada a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) como «arbitraria y abusiva». Según la congresista, la resolución judicial interfiere directamente con las facultades del Parlamento, lo cual considera una infracción a la separación de poderes.
El medio periodístico La República ha obtenido acceso exclusivo al documento presentado, en el cual Chirinos solicita a la fiscal Patricia Benavides procesar la denuncia y proceder con las diligencias preliminares pertinentes para aclarar los hechos señalados.
Este caso se suma a una serie de controversias recientes en la política peruana, marcadas por una creciente fricción entre la legislatura y el sistema judicial. La rapidez con la que la parlamentaria ha actuado refleja la urgencia con la que ciertos sectores políticos buscan reafirmar su autoridad y autonomía frente a decisiones del poder judicial que consideran transgresoras. La situación es seguida de cerca tanto por actores políticos nacionales como por observadores internacionales atentos a la evolución de la democracia en el país andino.
