MÁS ALLÁ DE LA CHEQUERA: Creación de valor público frente al fetiche presupuestal del MEF.

En la cultura administrativa peruana se ha consolidado una patología tecnocrática: confundir el gasto público con el desarrollo real. Cada fin de año, ministerios, gobiernos regionales y municipios compiten en una carrera frenética por mostrar altos porcentajes de ejecución presupuestal, exhibiendo tableros de control como si gastar dinero fuera, por sí mismo, prueba de buena gestión. Sin embargo, la teoría contemporánea de la administración pública ha dejado en claro que la mera devengación de fondos no garantiza la transformación social (Moore, 1995). La obsesión por devengar partidas sin evaluar si cada sol invertido mejora la calidad de vida convierte a la gestión pública en una maquinaria vacía; un fenómeno que Mazzucato y Kattel (2020) caracterizan como la pérdida de la "capacidad dinámico-orientadora del Estado", donde las instituciones evalúan su éxito por la absorción del presupuesto y no por su aptitud para resolver problemas complejos. Es una obsesión que, si lo pienso bien, dice más sobre nuestro miedo a la incertidumbre que sobre nuestra capacidad real de servir al ciudadano.

El principal instigador de este vicio es el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Como ente rector del Sistema Nacional de Presupuesto Público, el MEF ha construido un modelo incentivo-castigo perverso: la entidad que no ejecuta la totalidad de su presupuesto al cierre del año fiscal sufre el recorte de sus asignaciones para el ejercicio siguiente. Esta regla obliga a ministros, gobernadores y alcaldes a gastar a como dé lugar antes del 31 de diciembre, no para resolver una demanda ciudadana, sino para evitar que el MEF les "quite la plata" al año siguiente. Se olvida que la no ejecución o la devolución razonada de recursos, cuando responde a la corrección de un proyecto mal formulado, no es un mal en sí mismo; es un acto de responsabilidad fiscal. La presión por la velocidad del gasto destruye la integridad contable y penaliza la prudencia técnica, premiando compras ineficientes por encima del impacto a largo plazo. Lejos de orientar pautas para medir el impacto real, el MEF incentiva una narrativa donde la meta es un irreal "100%" de ejecución -una falsedad técnica que la burocracia repite sin rubor-, prefiriendo premiar la velocidad por encima de la calidad.

Para superar este reduccionismo fiscal, conviene precisar qué se entiende por valor público. Propuesto originalmente por Mark Moore (1995) en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard, el valor público es el equivalente al valor de mercado en el sector privado, pero adaptado al ámbito democrático. Mientras que en el sector privado el éxito se mide por la rentabilidad, en el sector público la utilidad se mide por la satisfacción de las necesidades colectivas, la garantía de derechos y el fortalecimiento de la cohesión social. Al respecto, Alford y O'Flynn (2012) precisan que la potencia del concepto radica en diferenciar tajantemente los outputs (las compras o bienes producidos) de los outcomes (los resultados valorados por el ciudadano). Se le denomina "valor" porque no alude a un costo contable, sino a la valía subjetiva y colectiva que las personas le atribuyen al impacto directo del Estado sobre sus vidas. Una intervención pública solo crea valor cuando los beneficiarios perciben que su bienestar ha mejorado, legitimando el uso de los recursos de todos.

Esta apreciación no surge de la propaganda ni de la inauguración pomposa de cemento y fierro; se construye en la vivencia cotidiana del usuario. En el campo de la seguridad ciudadana, la creación de valor depende de la reducción efectiva de la percepción de riesgo y del incremento de la confianza del público, no de la simple adquisición de insumos. El ciudadano no le da valor a las estadísticas infladas del MEF; le da valor a la política pública cuando experimenta una respuesta efectiva, cuando siente que puede caminar por la calle sin temor a la extorsión, cuando ve patrulleros operativos en su barrio o cuando percibe que las fuerzas del orden actúan con integridad y oportunidad. De nada sirve que un ministerio ejecute el 99% de su presupuesto en cámaras inoperativas o vehículos sin mantenimiento solo para inflar su reporte, si la delincuencia sigue arrinconando a la población. Es la valoración de la comunidad la que transforma un insumo en valor social. Cuando la gente se siente desprotegida, el gasto pierde toda significación y se convierte en despilfarro.

Para crear ese valor tangible, Moore (1995) formuló el "triángulo estratégico", que exige articular tres condiciones: la definición de un propósito con alto impacto social, la construcción de legitimidad y soporte ciudadano mediante el diálogo, y la disponibilidad de capacidad operativa para ejecutar lo prometido (Benington & Moore, 2011). Cuando una entidad ejecuta un presupuesto a espaldas de la población o apurada por el cierre fiscal, imponiendo compras deficientes solo para "cumplir la meta de gasto", no está creando valor; está destruyendo la confianza institucional y dilapidando el erario. La gestión que prioriza el cumplimiento de metas administrativas por encima del diálogo territorial termina socavando la confianza ciudadana, generando un rechazo que anula cualquier intento de legitimidad.

Esta fijación con la ejecución presupuestal ilustra la "ilusión del insumo" (en consonancia con la crítica al fetichismo del input en el desarrollo territorial), donde la administración confunde el consumo de recursos con la efectividad. Un sector puede alcanzar porcentajes récord de ejecución y, sin embargo, dejar a su población sumida en la misma inseguridad, con la misma infraestructura colapsada y los mismos servicios desabastecidos. La eficiencia contable sin pertinencia territorial es una ilusión estadística. Como advierte la literatura en gobernanza pública, la efectividad del Estado no se mide por el volumen de su billetera ni por la velocidad con la que vacía sus cuentas, sino por la efectividad distributiva y la densidad institucional de sus intervenciones.

Por ello, urge transformar la arquitectura de la fiscalización y la evaluación del gasto, empezando por una reforma en los criterios de asignación del propio MEF. El ente rector debe dejar de presionar a las instituciones a gastar sin sentido e implementar metodologías que evalúen la creación de valor público y el impacto real. Las entidades de control, la prensa y la sociedad civil deben dejar de premiar la mentira del "100% de ejecución" para exigir cuentas sobre los resultados concretos en la vida de la gente. Gobernar no es gastar por gastar para eludir el castigo presupuestal; gobernar es priorizar inversiones de alto impacto, garantizar la calidad del gasto y asegurar que cada sol invertido se traduzca en mayor tranquilidad y bienestar. Puede que el cambio no llegue de una reforma perfecta, sino de la incomodidad acumulada de ver el mismo saldo de cero valor, año tras año. Mientras la clase política y la tecnocracia fiscal sigan reduciendo la gestión pública a una transacción contable, el país continuará atrapado en la paradoja de presupuestos que se devengan al máximo en el papel, pero que dejan un saldo de cero valor en las calles, todo está escrito. Lo que falta es la vergüenza de que alguien lo lea en voz alta.