LA RESACA FISCAL: Cálculo político tras la farra.

En el siempre sorprendente laboratorio de la política peruana, el Tribunal Constitucional acaba de inventar una nueva categoría de la irresponsabilidad institucional: la rectificación con resaca. Tras haber propiciado, mediante fallos de una flexibilidad jurídica asombrosa, un festín de gasto público en el Parlamento, el colegiado ha tenido a bien publicar la sentencia del Expediente 00018-2023-PI/TC donde, con rostro de impecable solemnidad, recuerda que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. El espectáculo es de un cinismo antológico. Es el árbitro que, tras validar goles con la mano y permitir una gresca monumental en la cancha, decide cobrar una milimétrica posición adelantada en el último minuto para salvar el decorado. Esta tardía muestra de sensatez constitucional no borra el daño causado; más bien, pone bajo la lupa el costo de haber dejado la política fiscal del país a merced de un colegiado que juega al yo-yo con la caja del Estado según sople el viento del poder.

Para entender la magnitud de esta contradicción, hay que examinar el camino paso a paso. La compuerta de esta farra fiscal se abrió de par en par con la Sentencia 00003-2021-PI/TC. Al evaluar la Ley de Negociación Colectiva en el Sector Público, el TC ensayó una pirueta teórica que la crítica jurídica más aguda no dudó en calificar como un auténtico prevaricato conceptual. El artículo 79 de la Constitución es taxativo, no requiere hermenéutica ni traducción: los congresistas no tienen iniciativa de gasto. Punto. Sin embargo, los supuestos intérpretes de la Carta Magna prefirieron distinguir el gasto presupuestal directo de la creación de obligaciones permanentes a mediano o largo plazo, convencidos de que la escasez de recursos se resuelve redactando considerandos y que la inflación se frena con un decreto. Con ese guiño legal e irresponsable, el Tribunal le regaló al Congreso la coartada perfecta para saltarse la Constitución. Las consecuencias no fueron abstractas ni teóricas. Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, denunció en marzo de 2026 que solo en dos sesiones plenarias del Congreso se aprobaron 11 normas con un impacto fiscal anual superior a los S/ 11,400 millones, cifra que podría elevarse hasta los S/ 15,000 millones si se incorporan otras medidas pendientes. Para ponerlo en dimensión humana: esos S/ 11,400 millones equivalen a ocho veces el presupuesto del programa Pensión 65, tres veces el Programa Articulado Nutricional y casi el doble del gasto en infraestructura educativa de los tres niveles de gobierno. Mientras las bancadas aplaudían sus propias leyes de nombramientos automáticos, reincorporaciones y beneficios CAS, argumentando alegremente que solo estaban regulando derechos, el presupuesto se estiraba como una manta inherentemente corta: cada sol destinado a pagar planillas clientelares era un sol menos para los sectores más vulnerables de la república. Como advierten Hallerberg y Scartascini (2025) al estudiar la fragmentación de la potestad presupuestaria, permitir que el Legislativo decida el destino de los recursos comunes sin asumir el costo político de recaudarlos desata una competencia destructiva por capturar rentas fiscales. Aquí no fue una competencia. Fue una carrera.

En esta comparsa de irresponsabilidad, el Congreso no actuó solo; contó con la complicidad silenciosa y genuflexa de una serie de ministros de Economía que abdicaron de su rol como guardianes de la caja fiscal. El propio Consejo Fiscal lo señaló con precisión quirúrgica: el Ejecutivo no observó leyes con alto costo fiscal ni recurrió al Tribunal Constitucional para frenarlas, debilitando la institucionalidad fiscal. Este repliegue encaja con lo que Ardanaz y otros (2025) describen como la abdicación del veto tecnocrático frente a la captura política, donde los cuadros técnicos prefieren subordinar la sostenibilidad fiscal antes que arriesgar su propia estabilidad burocrática. Al amparo de este silencio corporativo, desfilaron ministros más preocupados por cuidar el fajín que por defender la salud financiera de la nación. Con un dócil chi, che ñor, inclinaron la cabeza ante cada arremetida presupuestaria del Legislativo, careciendo del coraje necesario para poner un coto definitivo al populismo. Al preferir la comodidad del cargo antes que la dignidad de la renuncia por principios, estos tecnócratas pavimentaron el camino para el descalabro. La cobardía política en el manejo de las finanzas públicas termina costando tanto o más que la peor de las crisis externas. Y los números del Consejo Fiscal lo confirman: el periodo 2021-2026 dejó 229 leyes con impacto fiscal negativo, cifra que triplica el promedio de los tres periodos parlamentarios previos.

¿Por qué entonces este repentino ataque de lucidez en el Tribunal? Como demuestran Ríos-Figueroa y Pozas-Loyo (2024) al analizar el comportamiento estratégico de los tribunales en democracias frágiles, las cortes tienden a modular su rigor constitucional según la dirección del viento político dominante. El repentino apuro del TC no se halla en un súbito arrepentimiento celestial, sino en el frío cálculo del calendario electoral. Tras la consolidación del triunfo de Keiko Fujimori y el consiguiente reacomodo de fuerzas, los mismos sectores que auspiciaron el festín parlamentario han entrado en una pragmática razón de Estado. La farra fiscal era sumamente útil para dinamitar ejecutivos ajenos o débiles, pero se convierte en una pesadilla cuando te toca gobernar y administrar la caja. El apuro por cerrar la caja de Pandora que ellos mismos abrieron responde a la urgente necesidad de limpiar la mesa antes de que el nuevo gobierno asuma un país que ya no tolera más indisciplina. La nueva sentencia vinculante, que exige coordinación obligatoria con el MEF para cualquier proyecto con impacto fiscal y la identificación expresa de la fuente de financiamiento, es impecable en su contenido. El problema es que llega cuando la hemorragia ya comprometió la deuda pública a niveles que, según el propio Consejo Fiscal, podrían superar el 47% del PBI en 2036 con las leyes ya promulgadas.

La ironía que envuelve esta rectificación de última hora es demoledora. El Tribunal Constitucional intenta hoy erigirse como el gran salvador de la disciplina fiscal que él mismo ayudó a demoler, dejando al país con la ingrata tarea de gestionar las falsas expectativas creadas en miles de ciudadanos que confiaron en las promesas de leyes que ahora se declaran inconstitucionales. Romper y remendar las reglas de juego según el humor de la coyuntura y las conveniencias del poder destruye la predictibilidad que tanto esfuerzo costó construir en las últimas tres décadas. La verdadera estabilidad del país no se defiende con piruetas jurisprudenciales para salir del paso ni con arrepentimientos calculados para proteger la billetera del gobernante entrante. Si las instituciones llamadas a ser el contrapeso de la república actúan de manera tan genuflexa y errática, el destino económico del Perú seguirá siendo el rehén de una clase política que solo cree en las reglas del juego cuando le conviene jugar con ellas. Todo está escrito. Lo que falta es la vergüenza de que alguien lo lea en voz alta.