En el festivo laboratorio de la política huanuqueña, las campañas para el Gobierno Regional y los municipios han vuelto a desplegar su habitual espectáculo de orquestas, pasacalles multicolor y promesas desbordantes. Detrás del estruendo de los mítines, sin embargo, se esconde una amnesia técnica sobrecogedora. Los aspirantes al sillón regional y a las alcaldías pasean por las provincias repartiendo compromisos de obras faraónicas como si el presupuesto fuera infinito y la administración pública un simple catálogo de deseos. Nadie parece reparar en que Huánuco bordea un demoledor 40% de pobreza monetaria, con zonas rurales donde esa cifra supera holgadamente el 50%, y con una informalidad laboral que asfixia al 85% de la población activa. Más grave aún: se pretende liderar un territorio donde la anemia infantil castiga a casi la mitad de los niños menores de tres años y donde apenas el 15% de las vías vecinales por las que transita la producción agrícola está adecuadamente pavimentado. Exigir que un candidato conozca de memoria estos indicadores no es un capricho académico. Es el filtro mínimo para evitar que el departamento siga siendo gobernado a ciegas.
Basta revisar los Planes de Gobierno inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones y los compromisos asumidos en los Acuerdos de Gobernabilidad para evidenciar un divorcio técnico alarmante. Las organizaciones políticas suscriben formalmente metas para reducir la desnutrición infantil o combatir la pobreza rural, pero la estructura real de sus propuestas presupuestales delata una incapacidad grave para traducir esos problemas humanos en decisiones financieras concretas. En los discursos se repiten clichés sobre desarrollo social, pero se ignoran los criterios técnicos con los que se prioriza y asigna el gasto público. Desconocen la arquitectura del Presupuesto por Resultados y la lógica de los Programas Presupuestales, instrumentos diseñados justamente para que cada sol invertido ataque un problema específico de la población vulnerable. En lugar de aplicar matrices objetivas de priorización basadas en el déficit social, las autoridades terminan repartiendo los recursos por inercia histórica o por la premura de financiar proyectos de infraestructura recreativa de rápido devengado. Si la dimensión social no está costeada y vinculada técnicamente a la programación multianual, la promesa social no pasa de ser un poema de campaña sin ningún sustento financiero.
Esta desconexión, alimentada por el marketing electoral, engendra una de las patologías más destructivas de la democracia subnacional: la demagogia de las promesas de campaña. Prometer es gratis cuando no existe un mecanismo normativo de sanción vinculante para el candidato que, una vez electo, decide archivar su Plan de Gobierno en el primer cajón de su despacho. En la práctica, el juramento de campaña opera como una transacción puramente efectista: se ofrecen obras inviables y soluciones mágicas sabiendo de antemano que no se van a cumplir, amparados en la debilidad de la rendición de cuentas ciudadana y en la impunidad política. El incumplimiento sistemático no se percibe como falta ética ni administrativa, sino como un costo normal de la política. Así, la propuesta electoral se convierte en un artefacto desechable que desgasta la fe pública y consolida el cinismo democrático, donde el gobernante electo atribuye su propia inoperancia a la burocracia estatal o a la falta de presupuesto, escudando su incumplimiento en el mismo Estado que prometió saber transformar.
Esta falla de origen se agrava con una confusión grotesca sobre la delimitación de competencias. La revisión de las plataformas electorales revela una persistente ceguera sobre la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Candidatos que prometen construir hospitales de nivel III desde una municipalidad distrital, o alcaldes que anuncian la ejecución de carreteras nacionales desde su gerencia de infraestructura, son figuras habituales en este carnaval de incompetencia. Como advierten Dougherty y Bardes (2024) al analizar el solapamiento de atribuciones en la descentralización fiscal, la duplicidad no planificada diluye la responsabilidad política y conduce a la ineficiencia fiscal. Cuando un municipio asume funciones de nivel regional o nacional, y viceversa, condena a su administración a la parálisis presupuestaria o a la desaprobación por uso indebido de fondos. Esta invasión de fueros no es un accidente; es la consecuencia directa de candidatos que nunca leyeron la ley que aspiran a aplicar.
Esta falta de rigor se traslada directamente al ciclo de inversión de Invierte.pe. En Huánuco, las obras no se paralizan por falta de presupuesto. Se caen porque las autoridades aprueban expedientes técnicos con errores grotescos de ingeniería, sin saneamiento físico-legal de predios o con términos de referencia amañados. Para sortear el control, el político local recurre al reparto de gerencias de infraestructura y administración como botín electoral, vulnerando abiertamente la Ley 31419 sobre perfiles mínimos para funcionarios de libre designación. Ignoran que la incapacidad de gestión no se maquilla con consultorías de última hora ni ejecutando el gasto a tontas y a locas al cierre del año fiscal. Como argumenta Moore (1995) en su teoría sobre la creación de valor público, la verdadera capacidad de una autoridad no radica en la obsesión por la tasa de devengado presupuestario ni en el cemento inaugurado antes de los comicios, sino en la generación sostenida de beneficios sociales que mejoren la calidad de vida de la comunidad. El problema no es promover la actividad física en sí misma, sino el enorme costo de oportunidad de priorizar lozas de fulbito en distritos donde los niños carecen de agua potable y sufren de anemia. Medir el éxito de la inversión subnacional por la multiplicación de esas infraestructuras desconectadas de los servicios básicos es la negación misma del valor público.
El electorado huanuqueño no necesita más prestidigitadores del micrófono ni caudillos que confundan la función del gobernador con la del alcalde o el ministro de Estado, ni mucho menos candidatos que entiendan la promesa electoral como un cheque en blanco sin obligación de pago. Gobernar Huánuco exige una rigurosa comprensión de la estructura de competencias, el manejo técnico de la priorización presupuestal con enfoque social, el compromiso ético de rendir cuentas sobre lo prometido y el respeto irrestricto por la meritocracia técnica para cerrar las brechas históricas de agua, riego y conectividad que mantienen postergado al campo. Mientras los candidatos no aprueben este examen elemental de conocimiento territorial, normativo y presupuestal, y el ciudadano no exija el cumplimiento vinculante de lo ofrecido, sus propuestas de campaña seguirán siendo castillos en el aire construidos sobre el presupuesto de todos. Todo está escrito. Lo que falta es la vergüenza de que alguien lo lea en voz alta.
Comentarios
Comparte tu opinión de manera respetuosa.
Inicia sesión para dejar un comentario.