Un policía puede soportar jornadas largas, guardias extenuantes y operativos bajo presión. Lo que no resulta razonable es que, mientras se le exige proteger a la población, exista siquiera la posibilidad de que su alimentación quede comprometida por fallas administrativas. Ese es el fondo del problema que hoy merece atención en Huánuco: no una denuncia convertida prematuramente en sentencia, sino una señal de alerta sobre algo tan elemental como garantizar comida al personal encargado de la seguridad pública.
La denuncia presentada ante la Contraloría cuestiona el manejo presupuestal y contractual de la Oficina de Administración y de la Unidad Ejecutora 035 de la Región Policial Huánuco-San Martín-Ucayali. La propia constancia mostrada en la información publicada precisa que el trámite aparece únicamente “En Registro”. Ese detalle importa. Significa que existen hechos denunciados que requieren comprobación; no que se haya acreditado responsabilidad administrativa, civil o penal.
Pero esa necesaria prudencia tampoco puede convertirse en indiferencia.
El asunto adquiere una dimensión mayor porque durante 2026 el Gobierno nacional autorizó recursos extraordinarios para el Ministerio del Interior. El Decreto Supremo 103-2026-EF dispuso una transferencia de hasta S/199,9 millones, vinculada a los gastos derivados de la incorporación operativa de nuevos suboficiales. La norma fue publicada el 13 de junio, y posteriormente el Ministerio del Interior aprobó la desagregación de esos recursos.
La información que acompaña la denuncia sostiene que Huánuco recibió nuevos efectivos y que el presupuesto destinado a su alimentación habría pasado de aproximadamente S/1,82 millones en mayo a S/4,8 millones en junio, antes de reducirse después a unos S/3,4 millones. Precisamente porque se habla de dinero público y de una necesidad básica, corresponde conocer con documentos qué ocurrió con cada transferencia, qué contratos se encontraban vigentes y durante cuánto tiempo estuvo asegurado el servicio.
Aquí no caben simplificaciones. Si existió un problema de programación presupuestal, debe quedar establecido. Si hubo retrasos administrativos, también. Y si el abastecimiento continuó normalmente pese a las dificultades descritas, esa información necesita conocerse con la misma claridad.
Porque detrás de los códigos presupuestarios hay personas.
Cuando un agente sale a patrullar, la ciudadanía espera que esté preparado para responder ante una emergencia. Resultaría absurdo exigirle eficiencia mientras dentro de su propia institución existen dudas respecto de algo tan básico como su comida diaria. La seguridad pública comienza también por condiciones mínimas para quienes deben prestarla.
Diario Ahora considera que este caso merece transparencia antes que especulación y documentos antes que acusaciones. La denuncia no prueba por sí sola una irregularidad, pero tampoco debería perderse en un circuito burocrático hasta que el problema deje de ser noticia.
La respuesta que Huánuco necesita es sencilla de entender: cuánto dinero llegó, cómo se utilizó, qué servicio se contrató, durante qué periodo estuvo cubierto y si algún policía quedó efectivamente sin alimentación.
Esas respuestas permitirán separar una deficiencia administrativa de una acusación sin sustento. Y, sobre todo, evitarán que el llamado “rancho policial” termine convertido en otro problema público que todos conocen, pero nadie explica.
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