La presunta suspensión indefinida de la Ración Orgánica Única Diaria (ROUD), conocida como “rancho”, fue llevada a la Contraloría General de la República mediante una denuncia anónima que cuestiona la administración de los recursos para alimentar al personal dependiente de la Unidad Ejecutora 035 Huánuco.
La constancia registra la denuncia el 15 de septiembre de 2026 y clasifica el presunto hecho dentro del Sistema Nacional de Presupuesto. La entidad señalada es la Región Policial Huánuco–San Martín–Ucayali. Su estado es únicamente “En Registro”: acredita la recepción del reclamo, no una orden de control ni una investigación contra funcionarios determinados.
Acusan deficiencias en presupuesto y contrataciones
Los denunciantes responsabilizan a la Oficina de Administración (OFAD) y a la Unidad Ejecutora de una presunta “malversación de fondos, negligencia grave e ineficiencia” en las contrataciones con las empresas concesionarias. Según su versión, esas deficiencias habrían provocado la interrupción del servicio bajo el argumento de una falta de presupuesto.
El escrito sostiene que en otras provincias los comisarios o jefes de unidad gestionarían directamente el servicio con mejores resultados. Solicita una auditoría e inspección inopinada, revisar los contratos centralizados, determinar responsabilidades y restituir inmediatamente la alimentación.
La denuncia invoca el artículo 389 del Código Penal. La norma sanciona la malversación cuando un funcionario da al dinero o bienes públicos una aplicación definitiva distinta de su destino y afecta el servicio. Por ello, la suspensión del rancho o un déficit no demuestran por sí solos el delito: tendría que probarse que recursos para alimentación fueron derivados definitivamente a otra finalidad.
Tampoco la constancia presentada acredita que integrantes de la Unidad Ejecutora estén siendo investigados por cohecho u otros delitos. Hasta esta etapa, lo documentalmente confirmado es el ingreso de una denuncia para que el organismo de control evalúe los hechos expuestos.
El déficit había sido advertido meses antes
Un antecedente obliga a mirar más allá de una posible responsabilidad local. Documentos de la Unidad Ejecutora 035 difundidos a finales de agosto mostraron pedidos de recursos adicionales a la Dirección de Planeamiento Institucional de la PNP para alimentar al personal de Huánuco, San Martín y Ucayali, según informó Infobae.
Según esos documentos, la incorporación de 771 nuevos policías en las tres regiones no habría llegado acompañada de todo el presupuesto requerido para su alimentación. El primer pedido, formulado en abril, fue de S/1,82 millones; en mayo subió a S/4,8 millones y en junio llegó a S/6,7 millones. Posteriormente, el requerimiento pendiente se redujo a aproximadamente S/3,4 millones.
El Ministerio de Economía y Finanzas publicó el Decreto Supremo N.º 103-2026-EF, que autorizó una transferencia al Ministerio del Interior. Sin embargo, la información difundida sostiene que lo asignado a esta unidad resultó insuficiente hasta diciembre. En agosto se advirtió que 68 dependencias habían agotado o estaban por agotar su disponibilidad para la ROUD.
Este antecedente no descarta una administración deficiente ni libera automáticamente de responsabilidad a la Unidad Ejecutora. Sí obliga a distinguir entre tres escenarios diferentes: una programación inicial insuficiente, una transferencia incompleta desde el nivel central o una utilización irregular de recursos ya asignados. Solo el seguimiento presupuestal y contractual puede establecer cuál ocurrió.
Qué debe esclarecer la auditoría
La Policía mantiene una directiva para garantizar la calidad nutricional, sanitaria y la inocuidad de la ROUD. El Decreto Legislativo N.º 1267 establece además que su presupuesto se fija cada año dentro del pliego del Ministerio del Interior. El problema central es por qué no se aseguró la continuidad de la alimentación.
Una revisión de control deberá contrastar el Presupuesto Institucional de Apertura y el presupuesto modificado de la Unidad Ejecutora 035; las certificaciones, compromisos, devengados y pagos destinados a la ROUD; los contratos suscritos con las concesionarias; las posibles deudas acumuladas; el incremento real de beneficiarios y el destino de las transferencias adicionales.
También deberá determinar desde qué fecha se suspendió la alimentación, cuántas dependencias y agentes continúan afectados y qué medidas de contingencia adoptaron la OFAD, la Unidad Ejecutora y el mando nacional. Mientras esas respuestas no aparezcan, existe un hecho que no admite normalización: policías encargados de garantizar la seguridad pública estarían cumpliendo jornadas de servicio sin la ración alimentaria prevista para su labor.
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