La construcción de una planta siderúrgica de gran escala en el distrito de Chilca, provincia de Cañete, ha generado cuestionamientos luego de que se conociera que el proyecto se desarrolla sin contar con estudio de impacto ambiental aprobado ni licencias municipales vigentes. Así lo reveló un reportaje televisivo que mostró el avance de las obras en un terreno de más de 14 hectáreas ubicado en el sector San Bartolito.
El proyecto es impulsado por la empresa Acero Lima Shenglong S.A.C., compañía vinculada a inversionistas de origen chino. En la zona ya se observan trabajos de excavación profunda, maquinaria pesada, grúas y estructuras metálicas que forman parte de la infraestructura inicial de la futura planta industrial.
De acuerdo con la información difundida, la instalación tendría como objetivo producir hasta 700.000 toneladas anuales de acero, principalmente alambres y láminas destinadas al mercado industrial y de construcción.
Sin embargo, la situación ha despertado preocupación debido a que, según registros de entidades estatales, el proyecto aún no cuenta con un estudio de impacto ambiental aprobado, requisito obligatorio para el desarrollo de proyectos industriales de gran magnitud que podrían generar efectos sobre el entorno.
Información del Ministerio de la Producción y del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) señala que la empresa no ha presentado hasta el momento un estudio de impacto ambiental para el proyecto siderúrgico.
Este documento es uno de los principales requisitos establecidos en la normativa ambiental peruana para autorizar proyectos industriales que podrían tener impactos sobre el medio ambiente o las comunidades cercanas.
Según el reportaje, el único trámite gestionado por la compañía sería un plan de participación ciudadana, aprobado el 2 de octubre de 2025. Sin embargo, para ese momento las obras ya se encontraban en ejecución dentro del terreno destinado al proyecto.
Además, la construcción tampoco contaría con licencias municipales de edificación ni habilitación urbana, permisos que normalmente deben ser otorgados por las autoridades locales antes del inicio de las obras.
La falta de estos documentos ha generado interrogantes sobre los mecanismos de control y supervisión aplicados durante el desarrollo inicial del proyecto.
En diciembre de 2025, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) realizó una inspección en el área donde se ejecuta la obra con el objetivo de verificar el estado del proyecto y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
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