La lideresa de Fuerza Popular y candidata presidencial, Keiko Fujimori, figura como investigada por presunto lavado de activos en el denominado Caso Alas Peruanas, junto al exsecretario general de su partido, Joaquín Ramírez Gamarra. Así lo confirman documentos judiciales y fuentes del Ministerio Público que detallan la existencia de una investigación preparatoria ya concluida, a cargo de la fiscal especializada en lavado de activos Manuela Villar Ramírez.
La controversia resurgió luego de que Fujimori, en declaraciones a Latina Noticias, negara estar vinculada con este caso. Durante la entrevista, la candidata sostuvo que el tema ya había sido investigado en el denominado Caso Cócteles y descartó cualquier relación con Ramírez en los hechos materia de indagación.
“Es un refrito más. Eso ha sido investigado también en el Caso Cócteles. La verdad que no hubo venta de terreno. No tiene nada que ver el señor Joaquín Ramírez”, declaró.
Sin embargo, el expediente fiscal y resoluciones judiciales del proceso indican que Fujimori sí aparece como una de las principales imputadas en el caso, el cual investiga el presunto desvío de fondos provenientes de la Universidad Alas Peruanas (UAP) y su eventual incorporación al sistema financiero para financiar actividades políticas y beneficios personales.
De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, la investigación preparatoria ya concluyó y el siguiente paso procesal será la formulación de la acusación fiscal contra los implicados.
Uno de los episodios más recientes dentro del proceso judicial fue la solicitud presentada por la fiscal Manuela Villar para que el partido Fuerza Popular sea incorporado formalmente en la investigación. Este requerimiento fue aceptado por la jueza Margarita Salcedo Guevara, quien al fundamentar su decisión detalló el rol que habrían tenido Keiko Fujimori y otros dirigentes del partido.
Según la resolución judicial, Joaquín Ramírez habría desviado fondos provenientes de la Universidad Alas Peruanas —institución vinculada a su tío Fidel Ramírez Prado— para financiar actividades políticas relacionadas con la campaña presidencial de Fujimori.
El documento señala que el exdirigente fujimorista habría transferido dinero, bienes e incluso realizado operaciones inmobiliarias destinadas a favorecer económicamente a integrantes del partido. Entre los beneficiarios mencionados figura también Pier Figari Mendoza, exasesor cercano a Fujimori y actual candidato al Congreso.
En ese contexto, la resolución judicial indica que el presunto delito de lavado de activos se sustenta en la inserción de dinero de origen ilícito dentro del sistema económico formal mediante operaciones que involucraban a dirigentes de Fuerza Popular.
“El delito de lavado de activos se fundamenta en virtud del comportamiento realizado por Keiko Fujimori Higuchi y Pier Figari Mendoza, en su condición de presidenta y secretario nacional del partido Fuerza Popular, al haber insertado dinero de procedencia ilícita al sistema económico formal”, señala el fallo judicial.
Asimismo, el documento resalta que Fujimori mantenía una relación política y personal cercana con Joaquín Ramírez, lo que —según la hipótesis fiscal— habría facilitado el esquema investigado.
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