La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ratificó por unanimidad la destitución de Delia Espinoza, al determinar que incumplió la orden de reponer en el cargo de fiscal de la Nación a Patricia Benavides. Con esta decisión, el organismo reafirma la medida adoptada previamente el pasado 23 de enero, en un caso que ha generado amplio debate en el ámbito jurídico e institucional del país.
Según la resolución, Espinoza habría incurrido en faltas graves al no acatar la disposición de la JNJ, además de adoptar decisiones que, según el informe, habrían obstaculizado o dilatado el cumplimiento de lo ordenado. Entre los hechos señalados se encuentra la devolución de la notificación oficial, así como cuestionamientos formales sobre su validez antes de comunicar el contenido de la resolución al órgano correspondiente.
El informe fue sustentado por el magistrado Gino Ríos Patio, quien indicó que la evaluación no requiere una verificación exacta del tiempo de permanencia de trabajadores en la sede del Ministerio Público, sino una valoración integral de testimonios, informes y el contexto de los hechos. En ese sentido, se concluyó que existió una permanencia de personal fiscal y administrativo conocida por Espinoza en su condición de titular del Ministerio Público.
Duros cuestionamientos
La JNJ también desestimó los argumentos de la exfiscal relacionados con una supuesta falta de notificación válida. Según el organismo, Espinoza fue debidamente informada del procedimiento disciplinario, por lo que no se sustenta la alegación de irregularidades en la comunicación de las resoluciones.
Asimismo, el informe sostiene que la conducta de la exfuncionaria fue incompatible con los deberes de lealtad institucional y diligencia funcional exigidos para el cargo. En particular, se cuestiona que haya adoptado decisiones unilaterales sin antes canalizar formalmente sus observaciones ante la JNJ, lo que, según el organismo, evidenciaría una intención de interferir en el cumplimiento de la medida.
Por su parte, Delia Espinoza manifestó que la decisión no le resulta sorpresiva y criticó duramente a la JNJ, señalando que el organismo actúa con un nivel de autonomía que, a su juicio, excede sus funciones. En ese contexto, anunció que recurrirá a una demanda de amparo ante el Poder Judicial para cuestionar la legalidad de su destitución.
Tribunal Constitucional
La exfiscal también solicitó al Tribunal Constitucional (TC) que intervenga con celeridad en el caso, argumentando que existe una discrepancia que debe resolverse de manera urgente. Espinoza cuestionó la demora en la programación de una audiencia, pese a que —según indicó— el plazo para su evaluación ya habría vencido.
En su pronunciamiento, pidió al TC actuar con la misma rapidez aplicada en otros procesos recientes, insistiendo en la necesidad de garantizar el debido proceso y la revisión imparcial de su situación. Este nuevo capítulo del caso mantiene abierto un escenario de tensión entre instituciones clave del sistema de justicia, con posibles repercusiones en la estabilidad y gobernanza del Ministerio Público.
La ratificación de la destitución no solo cierra una etapa administrativa, sino que abre un frente judicial que podría redefinir los alcances del control disciplinario en altos cargos del sistema fiscal.
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