El Tribunal Constitucional (TC) escuchó los argumentos presentados por la defensa del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en el proceso de hábeas corpus que busca anular la prisión preventiva y la orden de captura dictadas en su contra. Tras la audiencia pública, los magistrados dejaron el caso al voto, por lo que se espera que en los próximos días emitan una resolución definitiva sobre la situación judicial del dirigente político.
Durante la sesión, el abogado Humberto Abanto, representante legal de Cerrón, defendió ante el tribunal la decisión del político de no acatar el mandato judicial que derivó en su actual condición de prófugo. Según explicó, esta decisión no debe interpretarse como una conducta delictiva, sino como una reacción frente a lo que calificó como una medida judicial arbitraria.
En su exposición, Abanto sostuvo que su defendido “no es un delincuente común”, sino un actor político que debería enfrentar su proceso judicial en libertad. El abogado afirmó que la medida de prisión preventiva impuesta contra Cerrón carece de sustento jurídico suficiente y vulnera su derecho a la libertad personal.
La defensa también señaló que el caso tiene implicancias políticas, ya que Vladimir Cerrón es candidato presidencial, y su situación judicial podría afectar su participación en el proceso electoral. En ese sentido, el abogado argumentó que el expediente no solo involucra la libertad del dirigente, sino también el ejercicio de sus derechos políticos.
Durante la audiencia, la Procuraduría del Estado rechazó los planteamientos presentados por la defensa y defendió la legalidad de la prisión preventiva dictada contra el líder de Perú Libre.
La representante del Estado, Indira Bedregal, recordó ante los magistrados que Vladimir Cerrón permanece en condición de prófugo y que hasta el momento no existe información sobre su domicilio o paradero. Según indicó, esta situación constituye un elemento que evidencia riesgo procesal, uno de los factores que justifican la aplicación de una medida restrictiva de libertad durante un proceso judicial.
Bedregal también señaló que la defensa no ha demostrado que la prisión preventiva sea desproporcionada ni ha acreditado que la decisión judicial haya vulnerado derechos fundamentales. En esa línea, recordó que el propio Tribunal Constitucional ha establecido en precedentes anteriores que el peligro procesal es un criterio clave para evaluar la necesidad de una medida de prisión preventiva.
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