La reciente deflagración registrada en Camisea, que derivó en una crisis en el suministro de gas natural vehicular (GNV), ha desencadenado no solo dificultades en el sector energético, sino también un nuevo episodio de confrontación política en el Congreso. Las bancadas de Fuerza Popular y Avanza País han condicionado su respaldo al gabinete ministerial liderado por la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, cuestionando la respuesta del Ejecutivo frente a la emergencia.
Desde ambas agrupaciones parlamentarias se ha señalado que las decisiones adoptadas por el Gobierno evidencian, según su postura, una gestión inadecuada de la crisis energética. En particular, han criticado la suspensión temporal de clases presenciales en Lima y Callao, medida que el Ministerio de Educación oficializó con el objetivo de reducir los desplazamientos en la ciudad mientras se restablece la normalidad en el suministro de gas.
La situación se produce en un momento clave para el Ejecutivo, que deberá acudir al Congreso para solicitar el voto de confianza. En ese escenario, las posiciones adoptadas por las principales bancadas opositoras podrían influir en la estabilidad política del gabinete recientemente conformado.
Fuerza Popular
La primera reacción política provino de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien manifestó públicamente que su bancada no respaldará al gabinete Miralles si no se revisa la decisión de suspender las clases presenciales en Lima Metropolitana y el Callao.
Durante una entrevista televisiva, Fujimori calificó la medida como “facilista” y señaló que no contribuye a resolver la crisis energética generada tras la deflagración en Camisea. Según argumentó, la decisión afecta innecesariamente a estudiantes y familias.
En ese contexto, sostuvo que gran parte de los escolares se trasladan a pie hacia sus centros educativos, por lo que, a su juicio, la virtualización temporal de las clases no tendría relación directa con la escasez de gas.
Asimismo, cuestionó la rapidez de la respuesta del Ejecutivo ante la emergencia. La excandidata presidencial afirmó que la jefa del gabinete ministerial tardó varios días en trasladarse al lugar del incidente, lo que consideró una señal de falta de reacción oportuna frente a la crisis.
Medidas temporales
Ante las críticas, el Ejecutivo defendió la decisión de suspender temporalmente las clases presenciales, señalando que se trata de una medida preventiva destinada a reducir la congestión vehicular y facilitar la distribución del combustible disponible mientras se restablece el abastecimiento.
La disposición fue oficializada mediante una resolución viceministerial del Ministerio de Educación, en la que se establece que las actividades escolares se desarrollarán en modalidad virtual entre el 9 y el 14 de marzo.
Según la norma, el objetivo es garantizar la continuidad del servicio educativo sin generar mayores desplazamientos en la capital durante el periodo de contingencia energética.
La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, sostuvo que la educación no se ha paralizado y que se trata únicamente de una adaptación temporal frente a una situación excepcional.
En declaraciones a medios de comunicación, la jefa del gabinete indicó que el país enfrenta un escenario complejo que requiere coordinación y responsabilidad de todos los sectores para superar la emergencia.
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