El Congreso de la República no alcanzó los votos requeridos para inhabilitar por diez años de la función pública a la exfiscal de la Nación Delia Espinoza, en una votación que dejó abierto el escenario político luego de que se presentara un pedido de reconsideración para repetir el proceso.
La propuesta de sanción obtuvo 56 votos a favor, 41 en contra y 3 abstenciones, cifra insuficiente para aprobar la inhabilitación, ya que el reglamento parlamentario exige al menos 66 votos para aplicar esta medida.
El intento de sanción se originó tras una denuncia constitucional presentada contra Espinoza, relacionada con decisiones adoptadas durante su gestión en el Ministerio Público. El informe final del caso proponía inhabilitarla por una década de cualquier cargo público.
El debate en el Pleno se desarrolló en un contexto de fuerte confrontación política, con posiciones divididas entre las bancadas sobre la legitimidad del proceso y el alcance de las acciones realizadas por la exfiscal.
Además de la inhabilitación, el documento evaluado por el Congreso planteaba rechazar la solicitud de nulidad presentada por Espinoza, archivar las denuncias vinculadas a presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato, y acusarla por supuesta infracción a varios artículos de la Constitución.
Durante la sesión parlamentaria, el abogado de la exfiscal, Rodolfo Pérez, cuestionó el contenido del informe que proponía la inhabilitación y defendió la legalidad de las acciones adoptadas por su patrocinada cuando ejercía funciones.
Según explicó, la denuncia constitucional que Espinoza presentó contra 11 congresistas se encontraba plenamente amparada por la Constitución y respondía al principio de separación de poderes.
De acuerdo con el argumento de la defensa, la acusación contra los legisladores se vinculaba a la aprobación de una norma que permitiría a exintegrantes de las fuerzas del orden recibir doble remuneración sin límite, lo que habría motivado la intervención del Ministerio Público.
“Presentar denuncias constitucionales contra congresistas es parte del deber de un fiscal de la Nación y forma parte del sistema de control entre poderes del Estado”, sostuvo el abogado durante su exposición.
Asimismo, cuestionó la rapidez con la que se elaboró el informe que proponía la sanción, señalando que el documento se redactó en menos de 24 horas y que durante las sesiones de comisión no se realizaron preguntas a la exfiscal o a su defensa.
Desde su perspectiva, estos elementos reflejarían un procedimiento que no garantizó un debate completo ni un análisis detallado del caso antes de llevarlo al Pleno del Parlamento.
Pese a que el Congreso no alcanzó la votación necesaria para aprobar la inhabilitación, el caso no quedó cerrado. Minutos después del resultado, el congresista Jorge Montoya, de la bancada Honor y Democracia, presentó un pedido de reconsideración.
El documento fue dirigido al presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, con el objetivo de que el Parlamento vuelva a debatir y votar la sanción contra la exfiscal.
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